La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) mediante resolución 2470, formuló por segunda vez pliego de cargos contra el actual gerente del Ibal, Carlos José Corral Albarello, por infringir la disposiciones ambientales en la construcción de la planta de tratamiento de la vereda Los Túneles sin obtener los permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal.

Según la corporación ambiental, en visita técnica llevada a cabo en marzo pasado, se evidenció la construcción de la planta sobre la margen izquierda de la quebrada La Tigrera, tala de ocho guaduas sin el respaldo de permiso de aprovechamiento forestal y la disposición de escombros sobre un muro construido en la margen izquierda aguas abajo del afluente.

El decreto 2811 de 1974 prohibe descargar, sin autorización, los residuos, y en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos.

De la misma forma, establece que sin permiso no se podrán alterar los cauces, ni el régimen ni la calidad de las aguas, así como interferir su uso legitimo.

“Estas acciones implicaron además de compromiso ambiental, inobservancia normativa a partir de la inexistencia de los respectivos permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal expedidos por autoridad competente, contraviniendo, de esta forma, lo dispuesto en los artículos 102 y 132 del decreto 2811 de 1974; 104 del Decreto 1541 de 1978 y 12 de la resolución 1150 de 2008, respectivamente”, cita la entidad ambiental.

Nada de solución en La Ceibita

La corporación también formuló pliego de cargos contra el Ibal y vinculó al alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, al proceso sancionatorio por no dar solución al vertedero de aguas residuales en inmediaciones al sector de La Ceibita y el megacolegio Antonio Nariño.

“El vertimiento de aguas residuales domesticas en inmediaciones de la urbanización La Ceibita y el Megacolegio sin previo tratamiento al suelo se encuentra generando olores desagradables y formación de focos de contaminación, lo cual propicia sitios para la multiplicación y/o reproducción de vectores infectocontagiosos, causando afectaciones ambientales y de tipo sanitario en el entorno molestias e insatisfacción de la comunidad residente en este sector”, señala Cortolima.

Y recuerda que en auto del 24 de diciembre de 2013 requirió al Ibal para que en el término de 30 días procediera a ejecutar las obras necesarias para evitar el vertimiento de aguas residuales domesticas en inmediaciones de la urbanización La Ceibita y el Megacolegio, así como presentar un informe de avance junto con el cronograma de actividades donde se detallaran las obras, trabajos que no se cumplieron.

Para Cortolima, el hecho de que el Municipio no preste directamente el servicio de alcantarillado no lo sustrae del mandato de ejercer control y vigilancia sobre la forma como se desarrolla su prestación por el Ibal.