El contrato, que fue suscrito el pasado 25 de noviembre entre la entonces gerente de la Gestora, Piedad Lorena Velásquez, y la señora María Nancy Garzón, tenía como objeto “la celebración de un contrato de suministro de equipos de cómputo y equipo de oficina para las dependencias u oficinas de la Gestora Urbana de Ibagué”.

Advierte el Ministerio Público que presuntamente los criterios planteados en los pliegos definitivos no coinciden en detalle con los adoptados en la propuesta económica de la contratista, situación que debió verificar el comité evaluador y aceptación de la propuesta, lo que impide claridad al momento de verificarse el cumplimiento.

El comité evaluador estuvo conformado por el jefe de la Oficina Jurídica, Rafael Fuentes Arias; el jefe de la Oficina Inmobiliaria, Mario Alejandro Carillo Uribe; la jefe de Vivienda, Cristina Godoy Bustos; la jefe de Recursos Físicos, Carol Andrea Páramo, y el asesor de Control Interno, Fernando Rojas Castro.

“La necesidad de la entidad era la adquisición de computadores de mesa, portátiles y licencias, con esa premisa se fundamentó la celebración del contrato; igualmente, en el informe presentado por la Gestora Urbana se efectuó la observación por posible sobrecosto en las licencias, porque no se cumplía con las características exigidas y existió confusión en la entrega de las licencias que se mencionaban en el ítem dos de los estudios previos”, indicó el personero (e) Juan Felipe Arbeláez.