El polémico contrato para compra de pesebres

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Mediante un convenio suscrito el 24 de noviembre Infibagué adjudicó la suma de 195 millones de pesos para la compra de 15 pesebres a la Fundación Camellando por Colombia, representada legalmente por Danny Schneider Quintero García.

El contratista se comprometió a aportar 27 millones de pesos para garantizar el montaje y posterior retiro de las figuras navideñas que fueron instaladas en el sector urbano y rural.

Lo curioso, además del hecho de que cada pesebre tendría un costo de 13 millones de pesos, es que el contrato fue adjudicado al familiar de Fredy Jimmy García Rincón, representante legal de la firma Moriah, subcontratada por la Corporación Festival Folclórico para realizar la instalación de las luces navideñas y que ascendió a los mil 600 millones de pesos.

Además la dirección que registra la fundación en el sector de La Pradera en Bogotá es la misma en la que se encuentra la sede de Moriah Company.

Es decir, esta familia se adjudicó cerca de mil 700 millones en la realización del alumbrado.

Por otra parte, llama la atención que el instituto giró el 90 por ciento de los recursos a Quintero García, es decir, 175 millones 589 mil pesos para la instalación de los adornos y pagará el 10 por ciento restante, 19 millones 509 mil pesos, cuando desmonte todo.

Cada figura incluye además nueve piezas en tela traslúcida y manguera LED resistentes a la intemperie.

Respuesta

Aunque el gerente de Infibagué, Carlos Andrés Peña, guardó silencio ante las llamadas realizadas por EL NUEVO DÍA mediante un comunicado la Administración hizo saber que el convenio se ajusta a lo que establece el artículo 355 de la Constitución que advierte que el Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con los planes seccionales de Desarrollo.

No obstante, son bastantes los sectores que han criticado esta forma de contratación directa con base en el artículo en mención y el decreto 777 de 1992 que obvia la adjudicación de los contratos mediante licitación pública alentando la pluralidad de oferentes.

Credito
EL NUEVO DÍA

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