La Contraloría de Ibagué estableció en auditoría un presunto detrimento al interior del Ibal por más de 41 mil 359 millones de pesos, entre los que se destaca cinco de los 26 hallazgos con alcance administrativo, disciplinario y fiscal determinados al interior de la empresa en 2016.

Según el órgano de control, se configura como principal hallazgo fiscal las pérdidas económicas que ha sufrido la entidad por el Índice de Agua No Contabilizada (Ianc)

La Contraloría advierte que en 2014 la auditoría estableció el presunto detrimento por un monto de cinco mil 535 millones 610 mil pesos, que al ser actualizado a 2016 refleja un total de 11 mil 917 millones 873 mil pesos.

De acuerdo con la información suministrada por el Ibal, desde el 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2016 la empresa generó una pérdida total de líquido que equivale a los 29 millones 421 mil 588 metros cúbicos.

Este volumen equivaldría al llenado de nueve mil 232 piscinas olímpicas con medidas de 50 m. de largo por 25 m. de ancho y 2.55 m. de profundidad. Así mismo, al llenado de 118 millones de tanques de 250 litros para el almacenamiento de agua residencial.

Es de resaltar que el total acumulado de los últimos cinco años daría un presunto detrimento a la empresa por valor de 25 mil 744 millones 809 mil pesos, pero aplicado el coeficiente de actualización daría una pérdida de 43 mil 473 millones 614 mil pesos.

“Se determinó un presunto detrimento por la pérdida de agua en Ibagué entre los años 2012 a 2016 de $43.473.614.617, de los cuales ya fueron trasladados a la oficina de responsabilidad fiscal $5.535.610.536, evidenciándose así un presunto detrimento patrimonial neto de $37.938.004.081”, precisa el documento.

Así mismo se resalta que el Ianc, a cierre de 2015 alcanzó el 43.87% y para 2016 un 40.66%, es decir, una disminución del 3.21%, continúa presentando niveles muy superiores a los aceptados por la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) de máximo del 30 por ciento.

Según la Contraloría municipal de Ibagué “las acciones tomadas no han sido lo suficientemente contundentes para detener los altos índices de pérdidas por agua no contabilizada, lo que viene generando detrimento a las arcas del Ibal, ya que como se mencionó se ha incurrido en costos de producción y de comercialización del líquido, pero no ha existido relación de causalidad con los ingresos percibidos por la empresa”.

Deudores

De igual manera, se establece como presunto detrimento la cartera de difícil cobro que asciende a dos mil 87 millones de pesos, ya que no se evidencia actuación de cobro por la empresa.

Además, no existe un manual de cobro coactivo, que permita el recaudo de las obligaciones y que identifique el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo.

Sin embargo, en términos generales el vocero de la cartera, Diego Mauricio Visash, resalta que para la vigencia 2016 se presentó un incremento en la cartera de deudores del 17 por ciento respecto a la vigencia 2015 con una variación absoluta de mil 390 millones 334 mil pesos, siendo relevante las deudas por servicios públicos, que presentó un aumento significativo por tres mil 997 millones 422 mil pesos, reflejado en un 201% respecto a la vigencia 2015.

A lo anterior, se suma el hecho que el Ibal no ha ejercido gestión para el reintegro de 578 millones 483 mil pesos reconocidos a la empresa Compañía Técnicos de Proyectos S.A., a través del contrato 043 de 2013 cuyo propósito era la elaboración de los diseños para las obras de construcción de la bocatoma Cay y la quebrada Corazón, sin que sirviera a los propósitos de la empresa.

La actividad estaba supeditada a la obtención de las licencias ambientales por parte del Ibal ante Cortolima y, en el caso de la quebrada Corazón, fue rechazado en razón a faltantes y vacíos en los documentos entregados por la firma consultora.

Además, la empresa debió suscribir el contrato 025 de 14 de marzo de 2016 con la empresa HMV Ingenieros por un total de $55 millones 748 mil, con objeto de efectuar los ajustes al proyecto de la quebrada Cay.

La supervisión del contrato estableció que no se había alcanzado el objeto contractual, pero aún así “no se evidenció acciones por parte de la entidad para recuperar los recursos ya cancelados al contratista”.

Multas de la superservicios

Otro hallazgo fue el pago de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos, por las cuales el Ibal canceló 153 millones 802 mil pesos.

Lo anterior obedece a los silencios administrativos positivos en los que incurrió la entidad al no dar respuesta a tiempo y de fondo a los requerimientos de los usuarios. 

Las directivas argumentaron que las multas impuestas correspondían en su mayoría a hechos ocurridos en 2014, donde se presentó un alto volumen de reclamaciones no contando la empresa con el personal suficiente para dar respuesta oportuna.

Así mismo, se suma $295 millones al incumplir las directrices emanadas por la Superservicios por fallas en la continunidad del servicio, micromedición y cobros no autorizados.

El talón de aquiles

La Contraloría de Ibagué incluyó dentro de los hallazgos fiscales los valores cancelados por canon de arrendamiento para el almacenamiento de la tubería del Acueducto Complementario adquirida a American Pipe.

Según la Contraloría, “se determina de manera contundente la vulneración a los principios de planeación y de economía en relación al proceso pre-contractual de estudios previos y justificación para dichos contratos, generándose costos adicionales no previstos ni presupuestados para el almacenamiento de la tubería”.

Y agrega que fue “una compra inoportuna que no fue planificada adecuadamente, además de que es un hallazgo reiterativo para el Ibal, sin observarse la gestión adecuada para no seguir incurriendo en dicho costo adicional”.

La tubería fue adquirida por el actual gerente del Ibal, José Alberto Girón, en 2011, bajo el argumento que a hoy el costo de la tubería sería mayor. Pero es de resaltar que desde 2006 American Pipe junto con otras dos empresas habían fijado artificialmente los precios en el sector de los tubos de cemento.