Así se reporta en el Portal único de contratación (Secop) donde llama la atención la firma del convenio para la estructuración técnica y financiera para la implementación del Sistema estratégico de transporte por valor de mil 384 millones de pesos.

De igual manera, el convenio entre la Secretaría de Infraestructura y la Gestora Urbana, con el fin de desarrollar un proyecto de vivienda de interés prioritario y dar cumplimiento al Plan parcial Nazareth y que compromete una inversión por 714 millones de pesos.

Y, el último, el de cooperación con la Comisión de Naciones Unidas para Latinoamérica y el caribe (Cepal) para la estructuración de la Alianza Público Privada para el desarrollo de las nuevas instalaciones de la Alcaldía de Ibagué y que compromete mil 10 millones de pesos.

Las dudas

El convenio 2115 del 10 de noviembre faculta a Findeter para que, a través de un tercero, lleve a cabo la contratación de la consultoría y cuyo plazo será de ocho meses. El reconocimiento que hace el Municipio a la financiera territorial es por valor de 115 millones 319 mil pesos.

Lo que llama la atención, es que el convenio se pagará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 3100 expedido el 1 de noviembre por una cuantía de 684 millones de pesos por parte de la Secretaría de Tránsito y el saldo, ($700 millones), son amparados por vigencias futuras.

Según el concejal Humberto Quintero, el ejecutivo no ha radicado al Concejo la aprobación de vigencias futuras con cargo al presupuesto de 2018.

“Ahí se están fijando vigencias para 2018 y no están aprobadas. Por lo tanto, se está suplantando una función del Concejo, de las cuales no tienen competencia, lo que podría conllevar a incurrir en hechos cumplidos”, dijo el concejal Quintero.

Recordó que la Procuraduría prohibió fijar vigencias futuras dentro del presupuesto que no sean expresas.

Vale resaltar que el Municipio giraría los $684 millones una vez fuera legalizado y suscrito el convenio y Findeter hubiera realizado la invitación a ofertar.

Los otros $700 millones se pagarán en dos contados y cuando sean allegados los documentos para la estructuración técnica y financiera del Setp.

En cuanto al convenio para la consecución de viviendas VIP, la disponibilidad presupuestal está con cargo a los subsidios de vivienda aprobados por el Concejo.

“El convenio no es viable porque para eso la Secretaría de Infraestructura tiene la Dirección de Vivienda y en el traslado de esos recursos, el Municipio estaría pagando impuestos sobre algo que podría desarrollar”, alegó el cabildante.

Así mismo, Quintero alega que el Alcalde debe reglamentar primero el Acuerdo 010 para así determinar si los subsidios podrán ser dados en especie o en dinero.