El gobernador, Óscar Barreto Quiroga, decidió enviar a control de legalidad por parte del Tribunal Administrativo el acuerdo aprobado por el Concejo de Ibagué mediante el cual se reajustó el pago del impuesto predial y se extendieron los plazos por pronto pago.

“No debió ser expedido en razón a que la actualización realizada por el Igac es el único insumo requerido por la ley para el cobro del impuesto predial y el único legitimado por ley para aplazar la vigencia de los catastros elaborados por formación y actualización catastral es el Gobierno Nacional”, señala el documento radicado al tribunal.

La jefe de la oficina Jurídica de la Gobernación, Dora Patricia Montaña, explicó que si bien “el acuerdo es pertinente”, lo que se pretendía era “aplazar los efectos del avalúo catastral y ni el Concejo ni el Alcalde son competentes” para hacerlo.

El presidente del Concejo William Rosas, criticó la decisión del mandatario y dijo que donde se declare la suspensión de los efectos del acuerdo por parte del Tribunal Administrativo, el municipio se quedaría sin algunos dineros para cubrir inversión en obras.

Así mismo, Rosas se refirió a la estrategia política empleada por el mandatario. “A penas votaron los contribuyentes por ellos, ahora quieren clavarlos y joderlos, o también será que el doctor Barreto desconoce cuándo fue él que firmó (el pronunciamiento remitido al tribunal), porque no nos puede salir con eso”, dijo el cabildante.

Acto seguido dijo “sus senadores y representantes a la Cámara votaron la ley 1819 del año 2016 y ahora dicen que no saben nada de eso, también nos gravaron, entre esos los gravan a ustedes, muchos que realizan obras de construcción y antes no estaban gravados, los van a joder”.

El concejal Camilo Delgado también hizo alusión a este mismo hecho e indicó que “pasadas las elecciones y elegidos sus candidatos, los ibaguereños pasamos a un último plano de importancia para el Gobierno”

“El harakiri de Barreto”

Otro en pronunciarse fue el abogado Wilson Leal Echeverry, quien hizo parte del comité promotor del no al ‘predialazo’

“ El Gobernador perderá con cara o con sello. Con cara, si el Tribunal le da la razón al Concejo y a Jaramillo, quedará la actuación de Barreto como de venganza y mala leche, como otro capítulo de la pelea política de los últimos dos años. Con sello, si el Tribunal tumba el acuerdo, será culpa de Barreto que los ciudadanos tengan que pagar el leonino predialazo”, dijo Leal a medios radiales y al analizar los efectos políticos de la decisión.

Según el abogado “el acuerdo fue una construcción ciudadana” y la decisión en lo que se traduce es que “el Gobernador le dio la espalda a la ciudadanía”.

“Es el harakiri político más grande lo que acaba de hacer Barreto”, concluyó Leal Echeverry.

Qué viene

El presidente del Concejo, William Rosas, manifestó que el acuerdo aún goza de legalidad y hasta tanto no se pronuncie el Tribunal Administrativo, sigue vigente la adopción de la base catastral de 2017 y el incremento del 3%. Así mismo, los plazos y el descuento por pronto pago.

El abogado Wilson Leal estimó que la decisión del tribunal se conocerá en el segundo semestre del presente año.

De acuerdo con el abogado el escrito fue remitido al Concejo y a la Alcaldía de Ibagué para que definan si intervendrán en el proceso.

Si el escrito reúne los requisitos de ley, se fijarán 10 días durante los cuales cualquier persona podrá intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la práctica de pruebas.

Vencido el término, se decretarán las pruebas que solicite el Gobernador y los demás intervinientes.

Y una vez sean practicadas las pruebas, pasará el asunto a despacho para fallo.

Dato

La Gobernación también declaró ilegal el acuerdo que le otorga facultades pro tempore al Alcalde para la creación del ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público. La oficina Jurídica consideró que no podía incluirse en el acuerdo la creación de una planta de personal, pues esta función facultativa del Alcalde y debería presentarse otro proyecto al Concejo.