De acuerdo con el órgano de control, los exfuncionarios decidieron sin soporte legal reducir en casi el 50% el valor del contrato de arrendamiento en contravía de lo establecido en el acuerdo 07 de 2008 que fijaba los porcentajes para el arrendamiento del inmueble.

La Contraloría determinó que el canon de arrendamiento se fijó en dos millones de pesos mensuales cuando según el acuerdo del Concejo correspondía a siete smmlv, es decir, a la suma de tres millones 966 mil pesos.

De acuerdo con el contralor, Ariel Medina, los exservidores públicos deberán responder solidariamente por una suma cercana a los 24 millones de pesos que corresponde a lo que dejó de percibir el instituto para la época de los hechos.

Traslado a la Fiscalía

La Contraloría exoneró como responsable fiscal a Fabián Medina Varón, al haber supuestamente firmado los estudios previos del contrato, pero quien demostró que para la época de los hechos no se encontraba vinculado con el Imdri.

Según el Contralor municipal esta persona aparecía firmando los estudios en noviembre de 2011, pero solo fue vinculado al instituto en febrero de 2012, por lo cual se compulsó copias a la Fiscalía.

No obstante, no se pudo verificar si la firma era verídica, pues los documentos que reposaban en el archivo eran copias y el estudio que realiza la Fiscalía se hace sobre documentos originales.