El auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hizo el análisis del comportamiento de la contratación pública en 2017 y resaltó “el uso indiscriminado de la contratación directa” en el país.

Dentro del listado, el Tolima ocupó el décimo puesto con mayor contratación directa con 39 mil 999 contratos por valor de 714.16 billones de pesos, siendo superado por Bolívar con 25 mil 412 contratos y una cuantía de 717 billones de pesos.

Según el informe dentro de las diferentes causales, la contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión fue la más utilizada con 457.079 contratos que involucraron recursos por $7.2 billones, es decir el 39,5% del total contratado a través de esa modalidad; en segundo lugar se ubican los contratos realizados con la utilización de manuales de contratación, a través de la cual se realizaron 175 mil 738 contratos por $4.43 billones, es decir el 24,17% del total contratado, y en tercer lugar se encuentran los convenios interadministrativos con 16 mil 150 contratos por $3.39 billones.

En ese orden de ideas el Departamento ocupó el octavo puesto con mayor número de órdenes de prestación de servicios con 23 mil 460 contratos, por la suma de $306 mil 578 millones.

En cuanto a la ciudad, Ibagué ocupó el undécimo puesto de los 15 municipios con mayor OPS, con un total de tres mil 194 contratos (ver imagen).

De acuerdo con la Auditoría General de la República la contratación directa se ha convertido en la regla y no la excepción como lo ha señalado el estatuto de contratación pública, pues el 64,47% de los contratos celebrados por las entidades del orden territorial han sido suscritos mediante uso de esta modalidad.

El informe resalta que el mecanismo del contrato de prestación de servicios puede haberse trasformado en una herramienta para eludir los concursos y crear nóminas paralelas.

“Todo lo anterior, merece especial atención tanto por las entidades gubernamentales regionales, como por los organismos de control fiscal territorial, con el fin de garantizar que los procesos contractuales se encaminen a resolver las necesidades reales de la población, más que a suplir deficiencias de las plantas de personal, para mantener el funcionamiento normal de las entidades”, concluyó el documento.