La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública abrió el pasado 11 de enero investigación disciplinaria en contra del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y los exsecretarios de Gobierno, Camilo González Pacheco y Marco Emilio Hincapié, con base en la firma del convenio 2173 de 2016.

La decisión, en razón al hallazgo remitido por la Contraloría de Ibagué, que advirtió que hubo falta de planeación en la suscripción del convenio al haberse elaborado acabándose la vigencia fiscal. Además, con plazos muy cortos para su ejecución.

Es de advertir que el convenio fue suscrito con la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Pueblo Pijao, cuyo objeto era la caracterización de las comunidades indígenas en sus condiciones demográficas, culturales y territoriales.

La Contraloría concluyó que los estudios previos “estaban mal elaborados y que no se encontró un estudio de costos por cada actividad a desarrollar por el cooperante, además, de no evidenciarse que la asociación haya cumplido con las obligaciones del mismo”.

El órgano de control fiscal señaló que la Asociación no aportó el informe de la realización de las actividades de manera técnica, administrativa y contable para determinar en qué se invirtieron o gastaron los dineros públicos entregados.

Por lo anterior, se habría generado un presunto detrimento por “actividades contratadas y no ejecutadas” por parte de la Asociación por la suma de 19 millones 200 mil pesos.

Es de destacar que una vez fue suscrito el convenio, la Administración y la Asociación firmaron un otrosí modificatorio para ampliar el plazo de ejecución a dos meses, tiempo suficiente para llevar a cabo la caracterización.

No obstante, es de anotar que el convenio fue suscrito por Jaramillo en calidad de ordenador del gasto el 16 de diciembre con un plazo de ejecución hasta el 30 de ese mismo mes.

Los estudios previos fueron proyectados y avalados por el hoy exsecretario de Gobierno, Camilo González Pacheco, y como supervisor fue designado el entonces director de Justicia, Marco Emilio Hincapié.

Llama la atención que el otrosí fue suscrito por el secretario de Planeación, Héctor Cervera, en calidad de ordenador del gasto, el 14 de febrero de 2017 una vez la Asociación de Autoridades Indígenas cumplió con el pago de estampillas para la legalización del contrato y la suscripción del acta de inicio.

Dato

El convenio tuvo un valor de $54 millones en el cual la Alcaldía aportó $48 millones y la Asociación $6 millones representados en bienes y servicios. 

Dato

En los estudios previos se estableció la necesidad de caracterizar las seis comunidades indígenas asentadas en la ciudad.