En 2018 la secretaria de Educación Tatiana Aguilar y la secretaria de Cultura, Cristina Prada, realizaron una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de ejecución del convenio interadministrativo suscrito entre la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué en 2014, cuyo objetivo era elaborar los estudios y el proyecto de restauración del edificio de la granja San Jorge.

Como supervisor de este convenio fue designado por el Departamento Luis Eduardo Mossos. Para dar cumplimiento al convenio, el Municipio realizó el concurso de méritos para contratar la consultoría de los estudios técnicos y diseños para la intervención del edificio donde esta ubicada la I.E. Amina Melendro de Pulecio, proceso que tuvo como único oferente a el mismo Luis Eduardo Mossos a quien se adjudicó el contrato por un valor $472.458.720 el 31 de agosto de 2015.

En el reporte de la denuncia las funcionarias exponen que Mossos tuvo calidad de adjudicatario y supervisor, “gozando de una posición privilegiada y un posible conflicto de intereses, al manejar información del convenio que dio génesis al concurso de méritos en comento”.

En las conclusiones del informe, la Contraloría Municipal reza: “Se ventila una presunta incidencia disciplinaria en razón a posible incumplimiento de deberes y prohibiciones e incursión en conflicto de intereses”.

En total, el contratista entregó los diseños a la Secretaria de Cultura, que a su vez remitió está documentación al Ministerio de Cultura para su aprobación, debido a que el bien inmueble es Bic (Bien de Interés Cultural).

En 2018, el Ministerio de Cultura no aprueba los estudios y solicita se subsanen las observaciones para que nuevamente la cartera pueda revisar el proyecto.

A esa fecha al contratista, la Administración Municipal le había hecho dos pagos parciales, uno por $197.608.320 y otro por $119.989.008.

Para esos días Mossos solicita el tercer pago, a lo que la Secretaria de Cultura se opone argumentando que el proyecto no estaba terminado debido a que no se le habían realizado los ajustes, a lo que el contratista respondió que él ya había cumplido con las obligaciones del contrato.

En octubre de 2018 el contrato se encontraba vencido, debido a que no había actas de suspensión, lo que impedía la liquidación del contrato.

El contratista fue citado por la Contraloría a las mesas de trabajo pero no se logró su ubicación.

Detrimento por el contrato

Debido a que el propósito de la elaboración de los diseños era que fueran aprobados por el Ministerio de Cultura, y que en este sentido el contrato ya expiró sin haberse hecho los ajustes correspondientes, la Contraloría Municipal de Ibagué ratificó hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $317.597.328, es decir los dos pagos efectuados a Mossos por el Municipio.

Para el organismo de control se evidencia que las observaciones a los estudios no fueron solucionadas y dieron como resultado que se incumpliera el fin del objeto contractual.