El transporte de niños y jóvenes se ha convertido en un ingreso económico para muchas familias ibaguereñas que viven del periodo escolar, turismo y viajes empresariales. Sin embargo, con la crisis de salud que vive el país por el aumento de contagios y víctimas de Covid-19, hoy en día no pueden laborar ‘ni en lo uno, ni en lo otro’.

“Nosotros transportamos entidades públicas y privadas de Ibagué, y ya completamos 220 días que tenemos nuestros carros guardados, desde el 16 de marzo que arrancó la cuarentena, es decir ocho meses casi sin recibir ningún tipo de ingresos”, señala Juan Carlos Arévalo, trabajador de rutas escolares.

Aunque  se deben acatar las decisiones del gobierno municipal sobre mantener las clases virtuales por el bienestar común, el gremio de transporte especial y escolar solicita que al menos, puedan recibir auxilios para el pago de los impuestos propios de su labor.

“En febrero que se reactiven los colegios, los carros ya completarían casi el año sin trabajar y no es justo que tengamos que comprar Soat o pagar técnico mecánica y tarjeta de operación por un carro que estuvo parado todo el tiempo”, afirmó Arévalo.

El gremio de trabajadores especial y escolar ha realizado durante los últimos meses distintas estrategias para solicitar ayuda al Gobierno nacional, no obstante, afirma no ser escuchados. “Nosotros tuvimos una reunión con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, de manera virtual, y cometamos todas las necesidades que tenemos y hasta ahora no hemos recibido una respuesta o ayuda”, puntualizó Arévalo.

Y continúa: “por qué no hacen llegar ayudas o un apoyo económico al propietario del vehículo de transporte escolar por medio de la tarjeta de operación, o que por lo menos corran las fechas de vencimiento de los papeles del vehículo. Es que las empresas en Ibagué de transporte especial están acabadas, están que cierran porque no hay plata”.

Los trabajadores de las rutas escolares han enviado un oficio en el que sustentan sus peticiones, al presidente del concejo, al director ejecutivo superior de transporte, al Gobernador del Tolima, al Alcalde de Ibagué, al Ministro de Trabajo, y otras entidades encargadas, de quienes no hay respuestas.