La muerte el pasado 20 de enero, de un hombre de 18 años por arma blanca a manos de un menor de edad, ambos internos en el politécnico Luis A. Rengifo, volvió a poner sobre la mesa una problemática que no es nueva, pero que sigue sin solución pese a los constantes llamados de la comunidad. 

Una semana después de los hechos, de manera conjunta la Policía, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), hicieron un registro preventivo y como ya es usual se logró la incautación de armas blancas artesanales, celulares, cargadores, pipas y tarros de bóxer.

El 16 de diciembre del 2020 se hizo un operativo similar y los hallazgos son los mismos, la situación ha sido una constante en los últimos 15 años, en manos de los diferentes gobiernos y diferentes operadores; en el lugar son comunes las riñas, el consumo de sustancias psicoactivas, los amotinamientos, las fugas e incluso los incendios como el que tuvo lugar en septiembre del año pasado donde tres jóvenes salieron afectados.

El último hecho generó un pronunciamiento de la Personería que pide explicaciones a las partes involucradas en aras de proteger los derechos de los jóvenes que están recluidos en el lugar, hasta ayer según la Fundación Faro, operador encargado del politécnico, eran 46 hombres, más de la mitad, mayores de 18 años.   

La entidad del Ministerio Público, pidió verificar ante el Tribunal Administrativo del Tolima, el cumplimiento de un fallo del 2013 que exige un plan de acción para mejorar las condiciones de seguridad del centro y cambiar el lugar de construcción del Centro de Atención Especializado (CAE).  

Además, los secretarios de Gobierno, Carlos Portela y del Interior, Alexander Tovar, hablaron de serias falencias y falta de control por parte de la fundación Faro y pidieron al Icbf la liquidación del contrato con el operador. 

Sesión extraordinaria

Tras el fatal desenlace la noche del 20 de enero, la Gobernación citó a una sesión extraordinaria del sistema de responsabilidad para adolescentes, allí en cabeza del gobernador Ricardo Orozco, las entidades del Ministerio Público, la Alcaldía de Ibagué, la Policía, el Icbf y la fundación Faro, expusieron la situación actual de la unidad de atención. 

El secretario del Interior, Alexander Tovar, indicó que la acción más importante es el compromiso del gobierno departamental en asumir los estudios y diseños de la remodelación, y adecuación del politécnico, por lo que descartó una reubicación del sitio. 

“Se van a revisar, muros internos, externos, la fachada, los dormitorios, talleres de rehabilitación, la parte administrativa y las canchas múltiples que se deban construir allí y la entrada al politécnico, eso debe quedar listo para julio, se hace con recursos del gobierno departamental”, dijo Tovar.

El funcionario indicó que por ahora no está contemplado hacer una reubicación de este espacio en otro punto de la ciudad. y señaló que el trabajo adicional tiene que ver con el seguimiento a lo relacionado con salud, educación, emprendimiento y lo que corresponde a la seguridad e infraestructura, por lo que ahora la revisión en el centro se hará semanalmente. 

Asimismo reiteró el llamado al Icbf y pidió que revise si existe incumplimiento de las obligaciones del contratista (la fundación Faro), para que, si corresponde se haga la liquidación del proceso contractual. 

La decisión de estudios y diseños de la Gobernación se daría pese a que el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima en el 2013 ordena al Municipio y al Departamento adelantar obras de construcción y adecuación de un nuevo CAE en un terreno que no contravenga el uso del suelo del Plan de Ordenamiento Territorial.

En Ibagué desde 2015 estuvo la intención de fijar un  nuevo centro de resocialización para menores en otro espacio, el más reciente en el sector de la Palmilla en El Salado, pero de la intención solo quedan ruinas, pues la obra habría violado las normas ambientales y fue suspendida, en el lugar actualmente hay un asentamiento ilegal. 

Al respecto, Tovar indicó que hará una mesa jurídica para revisar los temas pendientes. 

“Las problemáticas en estos programas son muy grandes”

Luis Edier Usma, representante legal de la fundación Faro, se refirió a la situación que se presenta e indicó que el fallecimiento de uno de los internos es una situación lamentable, pero que hace parte de las problemáticas que rodean el politécnico Luis A. Rengifo.

Usma indicó que una de las situaciones más dicientes que ocurre a nivel país,  es que las personas recluidas en estos centros en gran parte ya tienen la mayoría de edad, para el caso específico del politécnico de las 46 personas internas hasta ayer, 39 ya son mayores de edad y solo 7 son menores de edad.

“Tenemos una población donde el 83% que tenemos son mayores de 18 años, por ley en los lineamientos técnicos y jurídicos se debería tener la posibilidad de tener separada la población que está condenada de la que está en internamiento productivo y tener la oportunidad de separar los menores de los adultos, pero eso es imposible porque tenemos unas instalaciones en ruinas.

“Tenemos 18 habitaciones de las cuales 8 están habitables, a las otras 10 se les ha caído el techo, no tienen baño, energía eléctrica, ni funcionalidad para atender población allí”, señaló Usma, quien advierte que  la situación se vuelve mucho más compleja cuando hay riñas y dificultades en convivencia.

El director también hizo énfasis de la orden del Tribunal Administrativo del Tolima de trasladar estas instalaciones, “eso no se ha cumplido y la infraestructura está en ruinas (...) las evaluaciones del Icbf, Policía Nacional y mesa de seguridad del sistema de responsabilidad han determinado que esa estructura no es apta para tener el programa”, dijo.

Si bien, Usma indicó que la muerte del joven no se dio por un tema relacionado con la infraestructura del lugar, personas externas no pueden decir que en el lugar “no hay ni Dios, ni ley”, esto cuando aunado a la situación interna existe inseguridad en el exterior del centro a donde a diario caen ‘bombas’ (paquetes con armas y sustancias psicoactivas). 

“El control de eso no le corresponde a la fundación Faro, el control de la seguridad externa se tiene que ver con la Policía y las entidades de Gobierno, nosotros hacemos actividades de tipo pedagógico, tenemos alrededor de 12 muchachos que ya no consumen droga y cinco ya fueron graduados el año pasado, esa es la labor para la que fuimos contratados, los temas de seguridad, salud e integralidad de los muchachos no es solamente responsabilidad del operador, esto es un sistema donde confluyen varias entidades”, concluyó el representante de la fundación. 

En el Claret esperan soluciones

Isbel Pardo, líder del barrio Claret, indicó que los conflictos por el politécnico parecen un tema de no acabar, pues la comunidad siempre ha exigido una reubicación del centro, el cual consideran no es apto, primero por ubicarse en zona residencial y segundo, porque es ‘vecino’ de la institución educativa Leonidas Rubio. 

“El establecimiento no es apto, no es posible que los vecinos nos tengamos que dar cuenta de las riñas constantes, evasiones, la destrucción del colegio, aquí no hay control, hemos tenido muchas dificultades”, indicó Pardo.

La líder indicó que la persona delegada de la fundación Faro, no ha cumplido las expectativas para que los jóvenes estén ocupados y en proceso de resocialización, lo que estaría haciendo mucho más difícil el proceso y la tranquilidad de la zona.

Pardo señaló que lo que necesita la comunidad son soluciones, donde se presten garantías no solo para quienes viven en el barrio, sino para los jóvenes que están internos. 

DATO

La fundación Faro tiene 35 años de experiencia y está en Ibagué desde el 1 de octubre del 2019, actualmente la planta de empleados es de 53 personas.

DATO

46 personas permanecen en las instalaciones del CAE, el cupo es para 80.