En un informe realizado por la veeduría ‘Más Tolima’, la ingeniera Jessica Acosta, una vez más llamó la atención por la ejecución de las obras del Acueducto Complementario de las que a la fecha se desconoce su entrega.

Para las obras fase Dos etapa Uno, el Ibal en información remitida a la veeduría dejó claro que la obra no logrará su objetivo inicial, pues en el contrato no se dejó contemplado un trayecto de 1.2 kilómetros, para ‘Más Tolima’ tal situación “evidencia la mala planificación y la poca voluntad política para terminar las obras del acueducto”, esto teniendo en cuenta que el proceso suscrito en 2017 ha tenido 9 prórrogas y tres adiciones en recursos, por lo que la obra pasó de costar $27.442 millones a $42.844 millones y lleva 30 meses en ejecución cuando solo se previeron 12. 

Según la página de contratación estatal Secop I, ayer 18 de febrero se debió dar por terminado el contrato suscrito con el Consorcio Acueducto Ibagué 2017, cuyo representante legal es Jorge Eduardo García, esto luego de una suspensión que tuvo el proceso entre el 22 de diciembre del 2020 y el 22 de enero 2021.

El rumbo de la fase Dos etapa Dos, no dista de lo que ocurre con el primer contrato, la obra está a cargo de Montajes J.M, cuyo representante legal es Edisson Fernando Cristancho, por un valor final de $14.111 millones luego de una adición de $1.623 millones; además ha tenido tres prórrogas de tiempo y dos suspensiones.

En el proceso el contratista, avalado por el interventor está pidiendo una nueva adición por $2.708 millones, pero a corte de diciembre del 2020 y según los reportes del Secop, la empresa de alcantarillado no ha emitido un pronunciamiento oficial. La entrega de este proyecto debe hacerse el 16 de marzo. Para la veeduría, este proceso también “demuestra lo poco eficientes en la ejecución de la obra”. 

Las siguientes fases

La veeduría en su informe advirtió que no existiría claridad sobre la forma en la que se invertirán los recursos del empréstito de $105 mil millones aprobado por el Concejo de Ibagué, asimismo desconocen  “por cuánto más tendrá que endeudarse el municipio y cuánto terminarán pagando los usuarios por los sobrecostos de las obras del acueducto complementario”, dijo la veeduría. 

En las cuentas del Ibal, está previsto desarrollar un nuevo proceso contractual por alrededor de $13 mil millones para terminar con las obras que no se contemplaron en las etapas Uno y Dos que están en ejecución.

Asimismo, el mismo alcalde Andrés Hurtado, ha hecho varios llamados para que el Gobierno nacional, lo apoye con una inversión por $28 mil millones con lo que lograría terminar todas las fases del proyecto, pero la veeduría teme que el compromiso financiero del Ibal siga creciendo y la ejecución de obras se siga dilatando. 

Otro hecho cuestionado por la veeduría es la poca información que se ha brindado en el contrato suscrito entre la Alcaldía y Consorcio Atria para la construcción de un tanque en la zona industrial, también conocido tanque de la Fiscalía, esto teniendo en cuenta que este proceso hace parte de todo el sistema del Acueducto Complementario.

Veeduría advierte direccionamiento en rehabilitación de redes

En el mismo informe la veeduría dio a conocer que denunció ante la Procuraduría Judicial Administrativa y la Contraloría General de la República, un posible direccionamiento de las invitaciones públicas que ha hecho el Ibal en el último mes para la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la ciudad. 
Para el ente de control ciudadano, los procesos no estarían respetando lo dispuesto en el manual de contratación de obras públicas, pues los cronogramas de licitación tienen cortos plazos para presentar propuestas serias y lo que exigen para la contratación.
Además estarían solicitando experiencias sobrecalificadas para quienes vayan a desarrollar las obras de reposición. 

¿Y el agua del Sur?

‘Más Tolima’ señaló que no es cierto que estén garantizadas las obras para llevar agua potable a los barrios del Sur de la ciudad como ha sido promesa del alcalde Hurtado. 

La veeduría advierte que a la fecha no existe un estudio y diseño de las obras que deben realizarse y que hasta el momento solo se han realizado los pliegos para iniciar la consultoría y dejar entrever el valor estimado que podría tener el proyecto, pero dicha consultoría podría tardar entre 1 y 2 años. 

“No es cierto que se tengan garantizadas las obras que podrán decidir si los

acueductos del sur tendrán agua potable al finalizar este gobierno”, señaló la veeduría. 

La veeduría indicó que la información solicitada al Ibal ha tenido que ser pedida a través de acciones de tutela, ante la aparente poca disposición que tendría la empresa por responder los derechos de petición allegados.