Desde hace 11 años, la comunidad indígena de Balsillas en Natagaima, está enfrentando un proceso jurídico para defender su territorio y aunque intentaron culparla dos veces por los mismos hechos, los Juzgados Primero y Segundo de Saldaña, fallaron a favor de los habitantes.

Sobre este conflicto habló José Santos Yosa, gobernador indígena de la comunidad de Balsillas, él explicó que el origen de este lío que ya tiene pagando una condena domiciliaria a 17 personas de la comunidad fue en 2005.

En ese año, el mismo número de familias ocupó el predio conocido como La Estrella, acción que emprendieron bajo la premisa de una donación de títulos que hicieron los dueños de las tierras.

Pero, a pesar de que existe una escritura y un documento que certificarían el traspaso, hay herederos que también reclaman el predio, con otro título que tiene la misma matrícula inmobiliaria de la Estrella, pero bajo el nombre de La Alsacia.

Este pleito que comenzó en el Juzgado de Natagaima, dio fallo en primera instancia a favor de los particulares y condenó a 32 meses de prisión a cada cabeza de familia indígena.

Luego se recurrió a la apelación en el Juzgado del Guamo y nuevamente la decisión fue desfavorable para las familias. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, también ratificó el fallo.

A esto se suma que los particulares dividieron el terreno que tenía un área de 580 hectáreas en cinco lotes, “por eso teníamos cinco demandas en los juzgados de Saldaña.

“La reciente decisión, significa que no nos pueden juzgar por el mismo proceso, porque ya está juzgado, ahora lo que está pendiente es el desalojo del territorio”, explicó el Gobernador indígena.

No hay recursos para la reubicación

Esta comunidad fue reconocida por el Ministerio del Interior en el año 2000, en la actualidad está conformado por 52 familias, es decir que sobre el territorio en discusión conviven 187 personas.

Y a pesar que se sigue solicitando su reubicación, el Gobernador indígena contó que la Alcaldía de Natagaima habría indicado que no cuenta con los recursos económicos suficientes para ejecutarla.

“En el momento que nos saquen tienen que hacerse cargo. Además nosotros hemos sustentado que tenemos varios cultivos y animales en el predio, es decir que somos autosostenibles”, precisó el José Santos Yosa, gobernador indígena.

Proceso pasará a un estrado internacional

Pero esta lucha no terminaría acá, teniendo en cuenta que de por medio estaría la estabilidad social y económica de una comunidad indígena reconocida. Por ello, el objetivo es enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que lo analice y “nos dé un fallo, sea el que sea, es decir que salga a favor de ellos o de nosotros, pero que lo estudie sin tener influencias como las tuvieron acá en el país”, explicó Santos Yosa.

El cuestionamiento surge porque se les hace muy extraño que una decisión de la Corte Suprema, tarda cerca de seis meses y en su caso solo tardó 17 días.