Una auditoría regular a la Universidad del Tolima, adelantada por la Contraloría del Tolima a la vigencia fiscal 2013 - 2015 arrojó 75 hallazgos administrativos, de los cuales 22 tienen incidencia fiscal que ascienden a tres mil 204 millones 705 mil 457 pesos.

Dentro de las observaciones administrativas 64 son de carácter disciplinario, 13 penales y uno sancionatorio, los cuales, según anunció el contralor Edilberto Pava, están siendo trasladados por el equipo auditor a las entidades de competencia.

Hallazgos

Las conductas reiterativas que salieron a relucir tienen que ver con las incoherencias y algunas situaciones de desorden en el manejo financiero.

Algunas cifras no concuerdan, es decir, en una dependencia aparece una cifra y en otra una distinta, lo que a los ojos del Contralor del Tolima hace “difícil poder establecer el real estado financiero de la Institución”.

También fue frecuente el desorden en el manejo de los convenios interadministrativos adquiridos con entidades como la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y Cortolima, para ser ejecutados a través de diferentes facultades y/o programas de la Universidad, en los que se encontraron una serie de situaciones que inciden en el normal desarrollo y ejecución de los mismos, a tal grado que en unos no se sabe ni qué plata hay o cómo se ejecutó.

Es más, los convenios suscritos y ejecutados no están contemplados dentro del plan de desarrollo de la entidad.

De otra parte, el grupo auditor encontró inconsistencias en el manejo de las cargas laborales, al evidenciar que algunos funcionarios ejercen docencia y labor administrativa, sin que se haya podido determinar a qué horas ejercen dichas labores.

Igualmente, llama la atención en el informe de la Contraloría el tema de las comisiones académicas.

Muchos de los que fueron beneficiados con esas licencias a posgrados o doctorados no han cumplido con los compromisos, lo que representa para la Institución un detrimento patrimonial al no hacerse efectivas las cláusulas de cumplimiento.

Otro de los aspectos relevantes consignados por el órgano de control es la disminución del recaudo de la Estampilla pro Universidad del Tolima.

En 2010 el Departamento giró tres mil 717 millones 482 mil 288 pesos y en la vigencia 2015 solo 254 millones 680 mil 572 .

A esto se suman los apoyos económicos, que pese a no estar debidamente autorizados y reglamentados se destinaron para sufragar compromisos adquiridos en el transcurso de las vigencias fiscales evaluadas 2013, 2014 y 2015, los cuales ascendieron en su orden a mil 651 millones 681 mil 184 pesos, dos mil 621 millones 137 mil 619 y dos mil 106 millones 949 mil 883 para un total de seis mil 379 millones 768 mil 686 pesos, los cuales fueron consignados de manera indistinta a estudiantes, docentes, administrativos y personal ajeno a la Universidad procedente de otras localidades del orden nacional e internacional de visita en la Alma máter para atender situaciones de carácter académico, deportivo y cultural.

Así mismo la Contraloría estableció que la UT reconoció a los docentes gastos de representación como parte del salario devengado, sin que se haya podido establecer norma alguna en la que se fije tal señalamiento.

Otro hecho relevante que marca un gran impacto en las finanzas de la Universidad, tiene que ver con la determinación y aprobación del número de horas establecidas como actividad docencia, la cual en la gran mayoría de los casos evaluados se fijó por debajo del mínimo establecido (10 horas semanales), situación que conllevó a la vinculación de docentes catedráticos para suplir las horas que como mínimo deberían ser asumidas por los docentes de planta, dentro de la jornada laboral establecida.

Como si fuera, poco durante la vigencia 2013 - 2015 fue recurrente que por descuido de los funcionarios responsables de la tenencia y custodia se tengan en presunta pérdida distintos elementos como computadores, y video beam, que reposaban en las distintas facultades y hasta vicerrectorías.

Culpable de la crisis

El informe final del órgano de control, advierte que la política laboral implementada en 2012 contribuyó en gran parte al déficit financiero que aqueja al ente universitario, dado que de una planta de personal de 295 cargos, pasó a 639 cargos, con sus implicaciones de carácter prestacional.

Sumado a ello, sostiene que el estudio de viabilidad financiera llevado a cabo, para implementar dicha política no fue el más adecuado, teniendo en cuenta que se basó en el comportam iento histórico de los recursos del balance.

“Recursos estos que son inciertos, los cuales resultan al cierre de cada periodo presupuestal, al comparar las obligaciones pendientes de pago con la disponibilidad de efectivo, cuya diferencia que se considera libre de compromiso se debe adicional al presupuesto de la siguiente vigencia”, sustenta.

Lo que falta

Según explicó el contralor Edilberto Pava, lo que se hizo en esta primera auditoría “fue comenzar a desenmarañar muchas situaciones que los medios de comunicación y los gremios han denunciado”.

El tema trazado para la próxima vigencia tiene que ver con la auditoría que están adelantando al hospital veterinario, y al edificio de bellas artes.