Los gobernadores del país continúan en asamblea perramente debido a que existen temas neurálgicos como el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y el decreto de operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, que siguen generando desacuerdos entre los entes territoriales y el Gobierno nacional. 

Por ello, la Federación Nacional de Departamentos, FND, como voz de las regiones hizo un llamado al Gobierno nacional en cuatro puntos y solicitó para hoy una reunión de carácter urgente con el Ministro de Hacienda.

Las necesidades crecen, los recursos diminuyen

El primer punto que expone la FND es relacionado con el PAE. Los gobernadores expresaron que la semana anterior se avanzó en una mesa técnica con el Gobierno nacional y la Procuraduría “para hacer efectiva la entrega definitiva de este programa a la nación”, explica el comunicado. 

Sobre este tema, la secretaria de Planeación, Olga Lucía Alfonso, dijo que la principal problemática es la financiación. 

“En el caso del Tolima, el PAE vale más de $160 mil millones y nos han entregado $11 mil millones, en ese sentido no tenemos como garantizar la cobertura”.  A lo que se suma las dificultades que generan el proceso contractual, tanto así que una semana después de que los niños iniciaron sus clases, aun no se ha puesto en licitación el programa.

Decreto Adres sería “el florero de Llorente”

En el segundo punto los gobernadores ratifican la posición fijada en el acuerdo suscrito con el Ministro de Salud, el Viceministro de Hacienda y el Alto Consejero para las Regiones.

Y a pesar de que se había logrado un acuerdo final para modificar el decreto 2265, hasta el viernes en la tarde, los mandatarios regionales expresaron que “ven con preocupación el no lograr un acuerdo final en la mesa de redacción del nuevo decreto, y reiteran que los mayores recaudos por concepto del impuesto al cigarrillo son propiedad de los departamentos y deben descontarse de la matriz de cofinanciación 2018 y los años posteriores”.

Sobre este decreto el gobernador Óscar Barreto, había opinado en días anteriores, expresando que  solo era el “florero de Llorente”, pues el tema de fondo es el centralismo versus la descentralización. “Pero no es el tema solo con la salud, si se mira transversalmente, las rentas de los departamentos y municipios, y las responsabilidades, entonces toda la plata está en el poder central y las responsabilidades en cabeza de los gobernadores y alcaldes. Ese es un debate que debería plantearse ahora que se va a elegir nuevo presidente”.

Al preguntarle al mandatario que si se hubiera mantenido el decreto 2265 como lo planteó inicialmente el Gobierno, cuánto le hubiera significado en giros al Departamento, respondió que “yo estoy dispuesto a girarles todo, no tengo problema y que ellos asuman la responsabilidad de la salud, que modernicen la salud del Tolima, por ejemplo. 

“Pero lo que no podemos hacer es que se lleven la plata y la responsabilidad no la dejen a nosotros, para que podamos responder en ese sentido”.

Agregó, que cada decisión que el Gobierno nacional o el Congreso avalen en procesos de centralismo afecta en gran medida las rentas de los departamentos y municipios, porque significa tener menos recursos y más responsabilidades en salud, alimentación o transporte escolar. 

Las otras dos preocupaciones

Protección a líderes sociales. En el tercer punto, habla sobre el decreto 2252 de 2017 el cual se relaciona con la protección de los líderes sociales en las regiones, en este apartado los gobernadores respaldan la reglamentación que contribuye a proteger la vida, no obstante, la nueva reglamentación plantea un esquema de descentralización disfuncional, que continuaría entregando competencias sin la correspondiente asignación de recursos para su financiación.

El cuarto punto es sobre los precios promedio de bebidas alcohólicas certificados por el Dane. Los gobernadores rechazan la interpretación que le ha dado esta entidad  a la metodología de cálculo de los precios de referencia de los licores, que ha implicado que la base de los precios promedio disminuya en más de 30%.