Presunto daño patrimonial mayor a 200 millones de pesos en Prado por reforestación incompleta

Crédito: Archivo - EL NUEVO DÍA
Las posibles irregularidades fueron reportadas por la Contraloría del Tolima por medio de una auditoría, tras adelantar un trabajo de campo en seis predios que fueron escogidos para reforestar en 2019. Se estima que el ente territorial pagó $286 millones por actividades no cumplidas por el contratista.
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Una auditoría especial ambiental adelantada por la Contraloría del Tolima a la Alcaldía de Prado sobre la vigencia fiscal 2019, dejó una relación de hallazgos que incluye una posible irregularidad con incidencia disciplinaria, fiscal y penal, al igual que, un presunto detrimento patrimonial que alcanza los $286 millones. Entre los contratos revisados por el ente de control, hay servicios relacionados con actividades de reforestación orientadas a la preservación de cuencas hídricas del municipio.

Para adelantar la revisión, la Contraloría tomó como muestra cinco contratos, de estos dos que suman $463 millones se destinaron a temas ambientales en seis predios; asimismo, se contrató una capacitación en educación ambiental de la que no hay evidencias de que se haya hecho y la entrega de unos tanques bebederos, que tampoco se habría efectuado.

Uno de los contratos celebrados, fue entre la administración de Álvaro González y la Asociación Danylor Logrando Renovación para Colombia, Asodanylor, por un valor de $449 millones, el cual tenía por objeto prestar el servicio de reforestación, mantenimiento y aislamiento, para la protección de la cobertura boscosa de las cuencas hídricas de Prado, trabajo que debía hacerse según especificaciones establecidas en estudios previos, sin embargo, el total de las labores no se habrían cumplido, pese a ello, la Alcaldía lo pagó en su totalidad.

En el informe de auditoría, se explica que no se encontraron documentos con un diagnóstico básico de los predios a reforestar, tampoco, se georreferenció ni midió “el área del predio donde se ejecutaron las actividades de mantenimiento forestal, siembra nueva “reforestación” y alistamiento con cerca tradicional”, igualmente, no se establecieron compromisos para monitorear y hacer mantenimiento en el tiempo.

Otra de las inconsistencias encontradas en terreno, es que de las 16 especies de árboles que relacionó Asodanylor para siembra, solo se encontró en mayor proporción del tipo gualanday, “sin que el supervisor exigiera la diversificación” arbórea.

Los predios a reforestar eran La Secreta, ubicado en el sector Hidroprado, Mi Reino en la vereda Isla del Sol, La Chicala vereda Chica, La Cuencuna en el sector conocido como Tortugas y el predio Las Nubes en la vereda La Mata.

Entre las irregularidades detectadas por el ente de control, estuvo que la cantidad de siembras fue por debajo de lo pactado, al igual que los aislamientos. Por ejemplo, en La Secreta el compromiso era intervenir 1.5 hectáreas, pero al parecer en el predio no hay evidencia de “una plantación forestal”, por lo que se calcula un posible detrimento de $13 millones 242 mil, a pesar de ello, el servicio fue cancelado como si hubiera sido cumplido totalmente.

Y el aislamiento contratado fue de 750 metros lineales, servicio también incumplido, por lo que el detrimento en este caso se calcula en $14 millones 290 mil.

En Mi Reino lo acordado fue la siembra de mil 346 árboles, pero se calculan 538, es decir, el 40% de lo pagado.

La situación se replica en los demás predios, como es el caso de las 29 hectáreas en la Cuencuna, propiedad del resguardo indígena Yoporogos Taira. Entre los errores cometidos está que no se logró un diálogo entre la Administración municipal y la junta directiva del resguardo, para establecer compromisos de monitoreo y manejo silvicultural.

Asimismo, en esta zona se utilizó una técnica de reforestación que no está acorde con los intereses de las comunidades, pues se distingue más como una forma para establecer plantaciones forestales destinadas a producir madera y no para un proceso de restauración pasiva arbórea, se precisa en el informe de la Contraloría.

En el cálculo del ente de control, de los 35 mil 438 árboles contratados a sembrar a lo largo de 29 hectáreas, solo se tendrían 10 mil 631 en nueve hectáreas. En este caso el detrimento ascendería a $109 millones 194 mil 400, las “actividades fueron recibidas a satisfacción y se efectuó por el ente territorial un pago por valor de $158 millones 331 mil 880 como consta en los soportes y actas e informes firmados por Asodanylor y el supervisor”.

Y en aislamiento se contrataron tres mil metros lineales de cerca tradicional con mil 260 postes, tras adelantar una inspección en el territorio se evidenció que el contratista sólo instaló 390, a lo que se suma que hay tramos “en donde solo enterraron 20 postes de plástico y no instalaron alambre de púa”, en este hecho se estima un presunto detrimento de $6 millones 516 mil 900. En total se pagó a satisfacción de la Alcaldía, un total de $50 millones 130 mil.

Mientras que en el predio Las Nubes el posible daño económico por una reforestación y aislamiento lineal incompletos, ascendería a $67 millones 023 mil 770.

De manera general, la Contraloría del Tolima concluyó que debido a las fallas e incongruencias detectadas en el contrato 152-2019 entre Asodanylor y la Alcaldía de Prado, se dejó un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria, fiscal y penal, porque se pagó el total del contrato cuando solo se ejecutó el 61%. Se estima que el daño patrimonial fue de $275 millones 192, valor que se le suma $11 millones 171 mil de un segundo contrato, también de reforestación en la vereda la Hojada con la misma asociación.

De otra parte, según el portal de contratación Secop I, el contrato se adjudicó a Asodanylor el 17 de julio de 2019, único proponente que se presentó a la licitación pública adelantada en su momento por la Alcaldía de Prado.

Dato

La actual Administración municipal deberá remitir a la Contraloría Departamental un plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos que son considerados como administrativos, mientras que los fiscales, disciplinarios y penales, deberán ser indagados por las autoridades respectivas.

EL NUEVO DÍA

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