Decisión que se volverá a evaluar el próximo 12 de septiembre, en una segunda reunión, porque se trata de hacer una reforma estatutaria.

Según Olga Lucía Alfonso, delegada del Gobernador del Tolima, ante el Consejo, contó que en esta primera reunión, “hubo votos positivos de siete consejeros y las únicas consejeras que votaron negativo fueron las delegadas del Ministerio de Educación y de Presidencia de la República”

Propuesta inicial se quedó en el camino

El meollo de este asunto es que en los estatutos de la Universidad, no hay alguna reglamentación que fije el tiempo mínimo que puede estar el cargo de rector en encargo.

Motivo por el cual se presentó ante el Consejo Superior una propuesta para adoptar un periodo de transición institucional por 24 meses.

Documento que estaba fundamentado en que el Rector durante este tiempo, tendría como propósito fundamental, “la superación de la crisis de gobernabilidad y de pérdida de la identidad institucional”, se precisa en el oficio.

Se añade que “el Rector designado para el periodo de transición, será de libre nombramiento y remoción por parte del Consejo Superior Universitario”.

No obstante, al conocerse esta intención de dejar en encargo por dos años el cargo, el estamento de los profesores salió al paso y dio a conocer un concepto jurídico, que relacionaba la propuesta inicial con un ‘invento’.

En el documento, se precisa, “sin hacer mayores lucubraciones el proyecto de acuerdo hoy objeto de estudio, nada más ni nada menos, modifica el procedimiento de elección del Rector.

“Toda vez que hoy se inventa con unas consideraciones baratas un periodo de transición de 24 meses que no lo contempla el Estatuto General (...)”.

También se deja claro, que de llegarse a aprobar el proyecto de acuerdo, que no cumple con el nombramiento ordinario o elección para suplir esta vacancia conforme a la reglamentación existente, se podría estar cayendo en prevaricato por acción u omisión.

Por lo que de llegarse a aprobar la reforma, se pasaría a demandar el acto administrativo, “a la Procuraduría, para estudiar la responsabilidad disciplinaria de los consejeros y a la Fiscalía al edificarse presuntamente un prevaricato”, se indica en el oficio.

Esta ‘oposición’ que ya tiene el Rector (e) a cinco días de su designación, deja claro el panorama que deberá afrontar en los próximos meses.