El inventario del patrimonio que entregaron las Farc dejó un sabor amargo. No solo por los montos en los que calcularon su fortuna, sino por el manejo que las autoridades le dieron al tema. Como muchos vaticinaron, seis meses después de que se hizo público su capital, nada se ha definido. Mientras los excombatientes denuncian que pierden el control de lo que registraron, la Fiscalía busca con pinzas los bienes y negocios que se habrían quedado por fuera.

Un ejemplo de eso fue el operativo relámpago del CTI y el Ejército que terminó en la captura de los hermanos Norberto, Yaneth y Uriel Mora Urrea, supuestos testaferros de la guerrilla y dueños de los almacenes Supercundi, Merkandrea y Mercafusa. Al final, la noticia levantó un polvorín que sepultó la medida cautelar que solicitó la exguerrilla para proteger sus activos ante el fiscal jefe de la Jurisdicción Especial para la Paz, Giovanni Álvarez. Todo esto en un contexto de una lentísima implementación de los Acuerdos de Paz que acrecienta la incertidumbre, los temores y las desconfianzas de los desmovilizados.

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Solo vientos de intrigas soplan desde que el Gobierno facultó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para administrar los bienes que entregaron las Farc. Cada uno de los 60 frentes guerrilleros tenía sus propios recursos y llevaba sus propias cuentas. Por eso no ha sido fácil monetizar los 153 folios que entraron con tierras, bienes, utensilios, máquinas, armas, dinero y medios de transporte. Se trata de un proceso de selección de activos que tienen vocación reparadora. Al final, solo esos irán a parar al Fondo Fiduciario, que será creado a través de una licitación.

Pese a las cuentas, mucha agua tendrá que correr bajo los puentes antes de que se vea la plata. ¿La razón? Sin contar el dinero en efectivo y el oro, los bienes están en todo el territorio y en lugares inhóspitos. El proceso de recuperación es dispendioso porque hay que recibirlos uno a uno. De ahí que Diego Morales, gerente de Proyectos Especiales en la SAE, área encargada de la administración del Patrimonio Autónomo que conforman los bienes entregados por las Farc, haya desplegado 40 personas por el país para que coordinen la recepción, con siete más que articulan el trabajo desde Bogotá con el Ejército, la Policía y la Unidad de Restitución de Tierras.

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Como recuperar los bienes no puede costar más que el monto en el que fueron avaluados, todos ellos han desplegado un trabajo milimétrico para evitar sobrecostos. La SAE estima que en abril concluirá la recepcion de una parte importante del inventario. Pero no son optimistas con las 241 mil 560 hectáreas reportadas que actualmente se disputan los desertores del Acuerdo de Paz, y con las que empezaron a ocupar excombatientes inconformes con el proceso de reincorporación.

La falta de claridad sobre el fondo del que saldrían los recursos para financiar cada uno de los operativos produjo las demoras. Aunque en principio la SAE usó los del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), el fiscal Néstor Humberto Martínez y la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura objetaron con una carta ese procedimiento, y obligaron a esa entidad a suspender las diligencias que había cronometrado. Para ambos funcionarios, los fondos del Frisco no pueden servir para un propósito distinto a fortalecer la justicia, la inversión social, la política de drogas y el desarrollo rural.

Con esa temperatura legal, y por varios problemas logísticos y de seguridad, en 2017 la SAE solo realizó dos operativos de recuperación en Antioquia. El primero, el 22 de septiembre en Dabeiba en donde recuperó 1.000 millones de pesos y 32 mil 525 gramos de oro equivalentes a $3.602 millones. El segundo, en Medellín y Anorí –el 27 y 28 de diciembre– donde los excombatientes le entregaron a la SAE 509 millones de pesos y 500 gramos de oro equivalentes a 55 millones más.

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El panorama cambió en el año fiscal 2018. La SAE firmó un convenio con el Fondo de Colombia en Paz que desembolsó cinco mil millones de pesos para financiar el proyecto de recepción de los bienes de las Farc. A este monto se suman otros seis mil millones asignados en el presupuesto de la entidad. Por eso, ahora que las cifras no están en rojo, se pudieron adelantar dos operativos en la Macarena y uno en Caño Indio. En total, los bienes recuperados a la fecha equivalen a 18 mil 330 millones de pesos entre 135 mil 762 gramos oro y 3.292 millones de pesos. El metal precioso pasó a manos del Banco de la República y el dinero se encuentra en una cuenta especial de Bancolombia. “Tenemos un compromiso con el acuerdo y rendiremos cuentas al Gobierno y al país de los bienes recibidos y lo que ellos representan en recursos para reparar a las víctimas”, según la directora de la SAE, Virginia Torres.

Camino empedrado

En Anorí, un campesino halló una de las caletas y se gastó en trago el dinero. En Charras, dos excombatientes decidieron usar uno de los carros inventariados para hacer una diligencia y casi terminan capturados. Y en los espacios territoriales de reincorporación (Etcr) de Antioquia están usando los tornos –con los que antes hacían tatucos y granadas– para fabricar cucharas, tenedores y elementos, y hasta platos.

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Con esas escenas, se ambienta el debate entre el Gobierno y el nuevo partido sobre quién debe proteger los bienes que puso la antigua guerrilla en su inventario. Mientras la directora de la SAE advierte que en virtud del Decreto 1407, “los exintegrantes de las Farc deben responder por el cuidado e integridad de los activos hasta el momento de la entrega”, los miembros del movimiento creen otra cosa. Como dieron el salto de movimiento armado a partido político, seis meses después de concluido el desarme advierten que no pueden exigir a los excombatientes cuidar un patrimonio que ya no les pertenece. A esa circunstancia se suma que en muchos de los territorios donde se encuentran los bienes y los semovientes hay una fuerte presencia de grupos armados que también aspiran a apropiarse de ellos. Es el caso de Córdoba, donde nadie da razón de las 150 cabezas de ganado –sin marcar– que se habían reportado.

“Muchos grupos se instalaron en las cuencas del río Sinú, La Esmeralda y Manso. Nadie se va a exponer a meterse por allá, eso quedó a la deriva”, cuenta Pastor Alape. Peor aún, al sur de Bolívar, a manos del ELN murió asesinado Kevin Andrés Lugo Morales, un exguerrillero de las Farc que trabajaba en el Etcr y, al parecer, cayó por la información que tenía. Un riesgo al que todavía se exponen varios caleteros de las viejas Farc.

Pero la búsqueda de la plata para el fondo fiduciario de donde saldrá el dinero para reparar a las víctimas se pone peor. Aunque ya está por terminar la recolección de lo más fácil, el dinero y el oro, trasladar los 27 mil semovientes será una labor titánica. Por un lado, hay que concentrarlos en puntos que faciliten el periodo de cuarentena para descartar que estén contaminados con aftosa. Y por el otro, se suman problemas logísticos como que las vacas solo caminan siete kilómetros al día.

Y lo más difícil se queda para el final. Recuperar las tierras avaluadas en 441 mil 500 millones de pesos tardará al menos un año. No hay coordenadas ni papeles, y disidentes y excombatientes ocupan muchos de los predios. De ahí que pasarán varios años antes de poderlos monetizar. “El Estado no se puede comportar con la misma rapidez que los delincuentes. El Gobierno es un operador que debe recibir, monetizar y administrar bajo unos lineamientos específicos”, manifiesta Torres.

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En el caso de las escobas, traperos, exprimidores, según la SAE, las Farc tienen la última palabra. Aunque estos ítems representan el volumen más importante de datos, apenas son el tres por ciento del monto final. Y muy seguramente seguirán siendo de su uso personal, como ocurre con las máquinas de coser o los tornos. Al final, solo queda el sinsabor de una implementación improvisada y la necesidad de solucionar la tramitología que a veces parece atentar contra la reparación de las víctimas.