El presidente Iván Duque anunció esta semana la creación de un cuerpo de jueces para atender de manera rápida la judicialización de los casos de asesinatos y amenazas a los líderes y defensores.

Una fuerte explosión sacudió ayer el barrio La Estrada, en Bogotá, y dejó al menos cuatro personas muertas y 25 más heridas, informaron las autoridades.

Luego de la explosión registrada al mediodía de este viernes en el barrio Las Ferias, en el noroccidente de Bogotá, las autoridades distritales al frente de la emergencia reportaron que ya son 25 los heridos que dejó el hecho en el que además cuatro personas perdieron la vida.

Según el presidente Iván Duque Márquez, el Gobierno tiene en su poder pruebas que demuestran la alianza del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con Nicolás Maduro para cometer actos terroristas en territorio colombiano desde Venezuela. Por esta razón pidió un pronunciamiento de las Naciones Unidas.

El próximo lunes la Corte Constitucional recibirá un informe de la Embajada de Estados Unidos en el que le reportarán si efectivamente a los magistrados Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo le cancelaron las visas.

Si el gobierno quiere volver a presentar una reforma política, deberá esperar hasta la otra legislatura.

Unos 1.100 miembros del Eln, el 45% de los combatientes de esa guerrilla guevarista, se refugian en Venezuela, dijo ayer el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.

Información sobre el delito de lavado de activos, es lo que pidió el procurador general, Fernando Carrillo a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que se conozca en el proceso que se adelanta contra Omaira Rojas Cabrera más conocida como ‘Sonia’.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, le pidió a Hidroituango que presente un análisis detallado del uso y localización geográfica de varias zonas de depósitos de material de excavación en un plazo de 15 días. Igualmente pidió implementar y actualizar el protocolo de acción frente a la puesta en operación de la estructura de vertedero.

En 2011 el caso de Bedoya fue reconocido como delito de lesa humanidad, lo que inmediatamente provocó que fuera reconocido ante la justicia como imprescriptible.