En tal virtud, mediante la Ley 72 de 1930, que puso fin al derecho ciudadano de sufragar para los militares, se viene debatiendo el asunto con posturas a favor y otras en contra. 

Efectivamente, la historia nos remite a una fecha que puso punto final y marcó líneas estratégicas de pensamiento, acerca del rol principal de los hombres en armas y su específica sujeción a temas pertinentes solo al ámbito castrense, y en ese sentido, sobre la inconveniencia de su participación en política, es decir, la eterna discusión sobre la ‘no deliberación’ de la Fuerza Pública. 

En efecto, el 9 de mayo de 1958, el entonces presidente electo de Colombia, Alberto Lleras Camargo, pronunció un célebre discurso en el teatro Patria de la capital de la República ante cientos de oficiales, que terminado el periodo presidencial del teniente general Gustavo Rojas Pinilla en 1957, y de igual forma, cumplido el propósito transicional de la Junta Militar de Gobierno, representaban de alguna manera el sentir de los uniformados de la época, quienes escucharon expectantes los lineamientos del jefe supremo de las Fuerzas Armadas.  

Así las cosas, la renombrada alocución se conoció posteriormente como ‘doctrina Lleras’, toda vez que las tesis esbozadas se constituyeron en las primeras directrices y políticas de un mandatario sobre temas estrictamente castrenses. “La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia es la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación política, no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función”, sentenció el expresidente. 

Ahora bien, tanto la política como la milicia tienen roles interdependientes y recíprocos, es decir, la una no puede subsistir sin la presencia de la otra y viceversa. Pero el dilema aquí es comprender el verdadero sentido del proyecto de acto legislativo planteado, que fue radicado el 14 de agosto de 2013: “Por medio del cual se modifica el artículo 219, en su inciso 2° de la Constitución Política de Colombia. [Sufragio para miembros de la Fuerza Pública]”.  

En tal sentido, lo que se propone no es que las Fuerzas Militares‘entren a la política’ como dijo el expresidente liberal, ni ‘quebrantar su unidad’, de ninguna manera; ni mucho menos ‘abrir la controversia en sus filas’, como lo afirmó Lleras en su momento ante tan compleja coyuntura política.  
Precisamente, era su deber como máximo conductor político, trazar y zanjar las diferencias de manera paralela y, por supuesto, enviar un mensaje claro a la institución castrense que venía de un ‘empoderamiento atípico’ y una ‘politización nociva’, que dejaba el Gobierno militar saliente.

Por consiguiente, el espíritu del Legislador en el proyecto de acto legislativo  presentado, busca que la Fuerza Pública ejerza su derecho legítimo a votar; en otras palabras, a decidir quiénes los deben gobernar, o mejor aún, determinar sobre quiénes debe recaer la enorme responsabilidad de representarlos en todas las corporaciones públicas.  

De ninguna manera se está proponiendo que los integrantes de la Fuerza Pública participen en política, es decir que sean candidatos, que hagan campaña en favor de un partido político, pero sí que hagan pleno uso del derecho legítimo al sufragio que tienen todos los colombianos.  

Resulta inconcebible que la gran mayoría de ejércitos de América, y otros como Inglaterra, España y Estados Unidos, la primera potencia militar del mundo, hagan uso de este derecho ciudadano, y Colombia, con el segundo ejército más numeroso de Suramérica, después de Brasil, no lo haya implementado.

El voto para nuestros militares no es un mero capricho ni una concesión que les queremos dar a través de un acto legislativo, verdaderamente se constituye en la materialización del clamor de miles de hombres y mujeres al servicio de la Patria que quieren expresar mediante el sufragio su amor a Colombia y a nuestra vida republicana en el marco de un sistema democrático como el colombiano.

Nuestros héroes merecen un espacio político legítimo para sentirse dignificados e importantes dentro del contexto de las grandes decisiones que se tendrán que tomar por los líderes del País a corto plazo. Pues el hecho de portar un uniforme no hace a los soldados de Colombia menos ciudadanos que los demás.