En 2016 se cumplirán 25 años de la expedición de la Constitución de 1991. Ya vendrán los análisis retrospectivos, los balances estadísticos y las muchas discusiones sobre los efectos económicos y sociales del más importante cambio institucional de nuestro país en más de cien años. A sabiendas de que no soy (no puedo ser) un analista objetivo, quisiera adelantar desde ahora una conclusión: los logros sociales más importantes de Colombia en los últimos 25 años, en la última generación, han ocurrido en el sector salud.
En particular, los avances en equidad han sido notables. Merecen especial realce. Hace 25 años las diferencias entre ricos y pobres eran abismales. En 1991, por ejemplo, mientras la totalidad de las mujeres del último quintil de la distribución del ingreso (el 20% más rico) recibía atención médica en el parto, menos de la mitad de las mujeres del primer quintil (el 20% más pobre) tenía la misma atención. Actualmente unas y otras, ricas y pobres, reciben la atención requerida. La brecha se ha cerrado casi completamente.
El aumento de la cobertura de aseguramiento amplió el acceso a los servicios de salud de los colombianos más pobres y contribuyó a cerrar las brechas sociales. Pero no solo eso.
La mayor cobertura también protegió financieramente a millones de hogares. Hace 25 años una enfermedad de alto costo representaba la ruina para muchas familias pobres y de clase media. Hoy la situación es muy distinta. Colombia, por ejemplo, es el único país de la región con cobertura universal para pacientes con enfermedad renal crónica. Más de 13 mil pacientes del régimen Subsidiado tienen acceso a sus tratamientos de manera gratuita. Todos, sin excepción, están protegidos financieramente.
En los últimos cinco años, durante el gobierno del presidente Santos, las ganancias en equidad se multiplicaron como consecuencia de dos decisiones cruciales: la igualación de los planes de beneficios entre los regímenes Contributivo y Subsidiado y la ampliación integral de los beneficios (casi 200 tecnologías, incluidos muchos medicamentos de alto costo, fueron incluidos en el Plan Obligatorio de Salud). Un solo ejemplo basta para ilustrar el efecto igualador de estas decisiones.
En 2011, los pacientes afiliados al régimen Subsidiado representaban el 20% de todos los pacientes atendidos por el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín (probablemente el mejor hospital de Colombia). Actualmente representan casi el 40%. Lo mismo ocurre en muchos hospitales de calidad en varias ciudades del país: los estratos se borran, ricos y pobres son atendidos de la misma manera. Sin distinción alguna.
Con el fin de consolidar y proteger estas ganancias de equidad, el Gobierno ha puesto en práctica una política farmacéutica de avanzada, que es hoy un ejemplo para el mundo.
Creó un instituto de evaluación de tecnologías en salud, implementó una ambiciosa política de regulación de precios para medicamentos monopólicos y diseñó una política pionera para registrar medicamentos biosimilares, que estimula la competencia y elimina barreras de acceso innecesarias. La sostenibilidad y la equidad, casi sobra decirlo, tienen que ir de la mano. Sin sostenibilidad no hay equidad real, solo promesas incumplidas.
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