Con gran alegría observamos el acto protocolario de suscripción del acuerdo para el cese al fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno Nacional y las Farc – EP, el cual nos dice con toda claridad que estamos Ad - portas de la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno nacional y esta guerrilla.
Con este solo hecho están quedando “por tierra” los argumentos guerreristas y las posiciones negativas de quienes no han querido o no han creído en la viabilidad de un proceso de paz en Colombia.
Pero, con el propósito de continuar rebatiendo tales argumentos y dudas, me permito recordar que ya en Colombia se suscribieron acuerdos de paz entre el Gobierno y Grupos Guerrilleros en nuestro pasado reciente.
En los años 1989, 1991 y 1994 se suscribieron acuerdos con el M-19, El EPL, el PRT, el Movimiento armado Manuel Quintín Lame y la Corriente de Renovación socialista (disidencia del ELN) y otros grupos, por medio de los cuales se desmovilizaron alrededor de seis mil guerrilleros y se vincularon activamente a los distintos escenarios de la vida social, económica y política de la democracia colombiana.
Casi 27 años después de estos acuerdos nadie se atreve a negar que han sido exitosos, ante contundentes evidencias de lo positivo para el país: cerca de seis mil combatientes menos en la guerra, muchas muertes evitadas (en todos los lados de la guerra), menos víctimas (desplazados, heridos, huérfanos, etc.), nuevas experiencias de desarrollo en numerosas zonas del país protagonizadas por los desmovilizados y/o las comunidades de sus zonas de influencia, y, entre otras muchas cosas, un nuevo proceso político de fortalecimiento de la democracia colombiana expresado inicialmente por la nueva Constitución política de Colombia, con sus notorios avances (Tutela, acciones populares, etc.) para mejorar la convivencia entre los colombianos y nuevos movimientos y líderes políticos que han protagonizado interesantes y positivos procesos de participación de los desmovilizados en la vida pública nacional (Alcaldías, Gobernaciones, concejos, asambleas, Congreso de la república y otras entidades de la administración pública).
Colombia mejoró indiscutiblemente con los acuerdos de paz de 1989 a 1994 y el país no se le entregó a la guerrilla, ni desapareció la propiedad privada, ni se implanto en Colombia un “gobierno castro – chavista”. Muy por el contrario, a la luz de la nueva constitución política la economía del país se fortaleció, incluso la inversión extranjera aumentó y se empezó a generar una cultura de mayor tolerancia con las ideas diferentes, de tal manera que hoy se nos posibilita a los colombianos asistir una nuevo e importante acontecimiento histórico de un acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla mas grande y vieja del país y de Latinoamérica.
También conoce el país los acuerdos con los grupos paramilitares, adelantado por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, donde se desmovilizaron varios miles de combatientes de estas estructuras, algunos de los cuales conformaron las llamadas hoy Bandas Criminales (Bacrim) y otros andan ya por las calles de las ciudades colombianas, después de pagar cortas condenas en muchos casos por numerosos asesinatos selectivos y masacres.
Acuerdos estos que también requirieron concentración de los combatientes, flexibilización de la normatividad jurídica y distintivas medidas político administrativas que el gobierno de turno tomo, sin que se hablara por esa época de “Paz sin impunidad”, “entrega del país”, etc.
Cualquier ciudadano puede entender que los beneficios de una paz estable y duradera se verán reflejados en menor inversión para la guerra y mayor inversión para el desarrollo, para el bienestar de la población colombiana. Una Colombia en paz es indiscutiblemente un escenario propicio para la inversión productiva nacional y extranjera, para la derrota de la pobreza, la inequidad y el marginamiento en el que viven millones de colombianos.
Como protagonista directo de los acuerdos de paz de 1991 entre el EPL y el Gobierno nacional y como simple ciudadano, invito a todos los tolimenses y a los colombianos en general a cerrar filas en el apoyo incondicional a los “acuerdos de La Habana”.
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