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Lo que debe hacerse es ubicar cada posición -si es que existe diferencia- en relación con los temas gruesos del manejo de la sociedad y del Estado. Hace ya varios años, a los aspirantes a la Corte Constitucional se les hacía un cuestionario sobre temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el alcance de la tutela, la extensión de las libertades públicas, entre otros, para saber su orientación política e ideológica.
Algo parecido debería hacerse con los portaestandartes de las supuestas tendencias, en relación con asuntos que en verdad marcarían unas diferencias. Lo cierto es que aquí, afortunadamente, nadie está planteado acabar con la propiedad privada, desconocer el poder judicial, propender por una sociedad desigual, estimular la corrupción, dejar de atacar el delito, acabar con las Fuerzas Armadas, estimular la lucha de clases, apoyar la subversión armada, ni desconocer cosas obvias como que la vida es sagrada, o que se debe respetar el patrimonio público.
Sí valdría la pena entonces que se fijaran posiciones sobre tópicos como los siguientes: ¿cómo concretar la economía social de mercado? ¿De qué manera se hará efectiva la igualdad de oportunidades? ¿Cómo se concibe y a través de qué mecanismos, la redistribución del ingreso?¿Hasta dónde debe ir la gratuidad de la educación? ¿Cómo lograr que todos los niños de Colombia manejen el bilingüismo y la informática? ¿Cómo lograr equidad salarial? ¿Se mantendrá el actual Sistema de Seguridad Social? ¿Se conservará la privatización de la salud pública? ¿Hasta dónde debe ir la asistencia del Estado? ¿Qué instrumentos se utilizarán para hacer efectivo el elemental derecho a la vida? ¿Qué política se adoptará para impedir las masacres más allá de los tardíos consejos de seguridad y ofrecimiento de recompensas cada vez que ocurra una de ellas? ¿Qué hacer para recuperar plenamente el territorio? ¿Qué compromisos harían para cumplir todas las normas que ya existen para combatir la corrupción?
¿Qué mecanismos se diseñarían para lograr la “responsabilidad social” de las empresas contemplada en la Constitución del 91? ¿Qué se piensa sobre el tamaño del Estado, y cómo sería un rediseño de su estructura? ¿Cómo se resolvería el problema de la tierra, fuente de muchos de los conflictos? ¿Cómo se garantizaría el funcionamiento pleno del Estado Social de Derecho, con un régimen de separación real de poderes y responsabilidades políticas? ¿Cómo acabar con la desconfianza de la ciudadanía en su sistema judicial? ¿Cómo resolver el problema de las drogas ilícitas sin repetir las formulas fracasadas hasta ahora? ¿Cómo implementar de manera seria la meritocracia? ¿Cómo se plantearía la relación entre los poderes civil y militar? ¿Cuál sería el tratamiento frente al proceso de paz? ¿Se buscaría la salida negociada con otras organizaciones al margen de la ley?
Una vez se conozcan las respuestas de los candidatos a algunos de estos interrogantes se podría saber en qué ala del espectro político se encuentran. Hasta ahora solo se han escuchado generalidades como que debe impedirse la polarización, cuando la política en todas partes supone posiciones diferentes sobre temas cruciales de la sociedad y el Estado.
Si solamente alguien dijera que cumple en sentido integral la Constitución, ya estaría asumiendo los postulados de la social-democracia que en buena parte la inspira.
Como el país abandonó la política y los partidos, las diferencias se dan solo frente a las personas. Antes se llegaba a una candidatura presidencial después de años en el quehacer político. Ahora se piensa que basta un cargo, una frase genial, una herencia, una personalidad conciliadora, o un destello momentáneo para aspirar a la presidencia.
Con los cincuenta candidatos hoy existentes tendríamos presidentes para los próximos dos siglos, si por cada centuria -si no vuelven las reelecciones o las prórrogas- solo puede haber veinticinco.
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