Desde los albores de la independencia el enfrentamiento de estas antagónicas concepciones sobre la forma de gobernar el naciente Estado, dio origen a las cruentas conflagraciones civiles que signaron casi todo el siglo XIX, como las acaecidas entre 1812  y 1816 durante el período bautizado en la historia como “la Patria Boba”, que solo concluyó, cuando los dos bandos, ante la inminencia de la reconquista del imperio, tuvieron que unir fuerzas contra el común enemigo español.

Fue Bolivar al desembarcar en Cartagena quien premonitoriamente advirtió que las confrontaciones entre granadinos le abría espacio al retorno de los españoles por el debilitamiento que generaba la división, ante lo cual, pidió apartarse del esquema federalista que él tanto admiraba y que juzgaba el idóneo para las nacientes repúblicas, para propugnar por un centralismo que nos diera la fortaleza necesaria para enfrentar al adversario.

Y bajo estos postulados siguió el país hasta la efímera regencia de la Constitución de 1863, conocida como la “Constitución de Rionegro”, marcadamente federalista a la que sucedió una severa concepción centralista que gobernó desde el año de 1886 y continuó rigiendo para nuestros gobernantes sin solución de continuidad, caracterizada por la concentración de la dirección del Estado en la mediterránea Bogotá.

Hasta 1991 cuando la Carta Constitucional que entonces se adopta, procura conciliar las dos tendencias que continúan teniendo vigencia en el tiempo, antes que volver al añoso conflicto entre centralistas y federalistas, buscando promover la autonomía de las diferentes regiones que integran la nación colombiana.

De esta manera, el nuevo pensamiento político procuró la prevalencia de la capacidad decisoria de las regiones sin perjuicio de la autoridad central, con miras a lograr la satisfacción de las verdaderas necesidades locales por sobre el omnímodo poder de la capital y la estructura piramidal y jerarquizada de la administración pública prevaleciente, generadora de desequilibrio e inequidad y culpable, las mas de las veces, del estancamiento del progreso armónico del país, al aclimatar la idea de una provincia irresponsable y equiparar a los ciudadanos de todas las regiones con los menores de edad, incapaces de regir su destino y de trazarse sus propios rumbos en los diversos campos.

No obstante ese espíritu descentralista del constituyente ha chocado en su implementación con la alta burocracia capitalina con Santos a la cabeza, que estima, al mejor estilo del “Rey Sol”, que el Estado son ellos y que fuera de Bogotá solo está la mar ignota o la ignara provincia, carente de competencia para resolver sus propios conflictos de intereses. 

Y bajo esa óptica están menospreciando la inédita “consulta popular” realizada en el Municipio de Piedras de nuestro departamento, con la cual sus habitantes en clara defensa de sus intereses fundamentales, se opusieron “todos a una como en Fuenteovejuna”, a las actividades mineras que se pretendan desarrollar futuramente en sus predios, en detrimento de su medioambiente.

No obstante la conducta asumida por los “piedrunos” ya sentó un inefable precedente difícil -por no decir imposible- de ignorar: ha surgido en Colombia, un nuevo pensamiento político-administrativo que viene robusteciendo la capacidad decisoria de las regiones, sin perjuicio de la autoridad central en cuanto no entre en pugna con aquellas, que apunta a lograr la autarquía de la “provincia” por sobre el omnímodo e injusto poder de la capital.