“Todo parecía muerto, helaba la sangre en las venas y daban unas ganas tremendas de ahorcarse en ese mismo álamo junto al puente. Ni una brisa, ni un movimiento de las nubes, ni un alma.

No sobra recordar que, el tránsito de diferentes modelos de Estado, la construcción real de lo que hoy conocemos como democracia –considerando, o no, su (de)valuación-, el establecimiento del principio democrático, que es heredado del Estado Liberal, son caminos recorridos para llegar al Estado Social de Derecho, un modelo de Estado con prevalencia de la Constitución, donde el respeto a los derechos fundamentales es real y efectivo, sin excepción alguna, donde los gobernantes tienen plena sujeción a la Constitución y a la ley, donde es claro que la ciudadanía –hoy libre- es su verdadero gobernante y, por esa razón, somos nosotros quienes decidimos a quién entregarle, de forma provisional, la dirección del Estado y, en su caso, de las diferentes entidades territoriales.

Terminamos el pasado mes de abril con tres noticias económicas y sociales nada alentadoras para el país, en primer lugar, la insistencia y persistencia del gobierno nacional en una reforma tributaria absolutamente inequitativa, que solo después del clamor nacional, las manifestaciones ciudadanas y los abusos que terminaron en la muerte de varios colombianos, incluida la de Santiago Murillo en Ibagué –que nos duele como seres humanos y nunca debió ocurrir-, aceptó retirar. El descontento con la reforma y claro, de paso, con el gobierno en general, ha sido más que evidente. En segundo lugar, el informe del DANE sobre pobreza monetaria en Colombia y, tercero, el índice de desempleo en Colombia.

Hoy les vengo a contar una historia maravillosa de restitución de derechos, emprendimiento y movilidad social, digna de ser replicada y multiplicada en todos los territorios donde ha permeado la violencia y la esclavitud como formas de (sub)desarrollo social.

La Nación pierde al año, por actos de corrupción, ¡50 billones de pesos! Así lo dijo el Contralor General de la República en el XV encuentro de la Jurisdicción Constitucional.

El panorama que deja el último Informe de Riesgos Globales 2021, elaborado por el Foro Económico Mundial, es preocupante y desalentador, por eso tenemos que reflexionar con las cifras y solucionar para avanzar. Señala el informe que “la pandemia amenaza con hacer retroceder años de avances en la reducción de la pobreza y las desigualdades, y con debilitar aún más la cohesión social y la cooperación internacional”. En Colombia, continúa el informe señalando, “los principales riesgos son el desempleo, cobertura logística de vacunación, la crisis fiscal, la vulnerabilidad cibernética y la brecha social”.

La última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría y publicada por la revista Semana arroja unos resultados desalentadores para Ibagué, pero al mismo tiempo nos está dando una radiografía de la condición actual de la ciudad. Y no es solo el hecho que el Alcalde Municipal tenga una calificación promedio de su gestión de 2,4 –en una escala de 1 a 5-, sino también, el hecho que el 70% de los ibaguereños considera que la ciudad va por mal camino. Esto es grave porque, al día de hoy, significa que está perdiendo legitimidad.

Según un informe realizado por la Universidad Javeriana, publicado por el diario El Tiempo el día 19 de marzo del presente año, en Colombia aumentó la brecha educativa, pues, al momento de comparar los resultados de las pruebas Saber 11 2020 con los resultados de años anteriores, se pudo llegar a la conclusión que “las brechas se acentuaron prácticamente en todos los aspectos, lo cual podría explicarse, señalan las autoras de la investigación, por un factor determinante: quién contaba o no con los equipos y acceso a internet suficiente para seguir con sus estudios desde casa”.

En todo un debate político se ha convertido la aplicación de las vacunas Covid-19 en el país y, claro está, el Tolima puso su grano de arena a la controversia, me queda la duda si para aclarar u oscurecer más el panorama, pues tremenda complicación jurídica la que están armando por cuenta de la “primicia legislativa”, dos congresistas tolimenses, el uno autor de la Ley 2064 de 2020 –Ley de vacunas- y, el otro, autor del proyecto de Ley 398 de 2021 –Ley para importación y comercialización de vacunas-, que se radicó la semana pasada. El primero introdujo cambios fundamentales en el derecho del consumo y la responsabilidad por productos defectuosos, el segundo, de manera indirecta los piensa introducir en el derecho de la competencia. Ambas áreas del derecho con objetivos comunes, donde los une la eficiencia económica y el bienestar social en los mercados de consumo, ¡casi nada! como diría el profesor Fernando Gómez Pomar, “con el punto de mira en la política redistributiva, o desde una visión paternalista sobre cómo deberían entenderse los derechos legales y económicos de la población de consumidores”.

Uno de los debates de la semana pasada estuvo marcado por el “rumor” de la privatización del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué –INFIBAGUÉ- y de la prestación del servicio de alumbrado público por parte de un particular. Ambos aspectos, en mi modo de ver, desafortunados, pues es una obligación otorgarle importancia a lo público desde la eficiencia en la gestión de estas entidades.