Una segunda oportunidad

César Picón

En mi época de universitario tuve varias experiencias cercanas al aborto: el amigo que pedía dinero prestado para “solucionar el problema” de embarazo de su novia; la amiga que nos pedía que la acompañáramos por los lados del barrio Jordán a buscar una droguería donde vendían unas pastillas que terminarían con su problema de retraso menstrual; la compañera que después de una semana que no supimos nada de ella finalmente nos enteramos que había estado hospitalizada por alguna complicación relacionada con el consumo de pastillas abortivas. En ninguno de esos casos que conocí, la interrupción del embarazo se ajustaba a las tres excepciones establecidas en la Ley colombiana (peligro para la salud de la mujer, malformación del feto o violación), por cuanto tuvieron que hacerlo de manera clandestina exponiéndose a peligrosos riesgos.
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Recientemente el Senado de Argentina aprobó la Ley que legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, un logro histórico que no debería ser exclusivo de unos pocos países sino que convendría se convirtiera en un derecho universal. Sin embargo, mientras persistan prejuicios de índole religiosa o moralista, sumados a un afán populista con fines electoreros, será difícil que en países como Colombia se garantice este derecho.

De manera ridícula y atrevida, congresistas del Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical y Colombia Justa-Libres, pretendieron intervenir en la decisión del legislativo argentino enviando una carta reprochando la decisión de legalizar el aborto. Esos mismos son los que se atraviesan para que en Colombia se continúen restringiendo derechos y libertades a los ciudadanos.

Algunas investigaciones estiman que en Colombia se practican 400.000 abortos al año de los cuales menos del 10% se hacen de manera legal y segura, no se encuentran cifras oficiales justamente por la forma escondida como se realizan. Una de cada cinco adolescentes resulta embarazada. Más del 50% de los embarazos en Colombia son no deseados. El año pasado habían más de 500 menores de edad en proceso de judicialización por haber cometido el “delito” de aborto por fuera de los casos reglamentados en la Ley. Con esas cifras, resulta absurdo y sorprendente que las leyes no se ajusten a las realidades que viven los ciudadanos.

Por supuesto legalizar no significa promover. Hay que poner esfuerzos en educar a la población para prevenir embarazos no deseados y en edades tempranas, que el derecho al aborto sea una segunda oportunidad para cuando todo lo demás no funcione.

Las leyes en Colombia no pueden seguir sustentándose en paradigmas morales y cuestiones subjetivas que limitan los derechos de los ciudadanos en asuntos esenciales. Convertirse en madre debe ser una decisión exclusiva de la mujer, finalmente ellas son las que asumen de por vida la responsabilidad de esa criatura. Cuántos padres abortan a sus hijos al abandonar a la mujer en estado de gestación o después del parto.

En poco más de un año volveremos a las urnas a elegir nuestros legisladores, vale la pena considerar dar la oportunidad a políticos con talante progresista, conscientes de las realidades y desafíos de nuestra época y que entiendan que el prohibicionismo no evita la materialización de decisiones racionales de los seres humanos.

CESAR PICÓN

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