Hacer lo posible

Por efectos del cambio climático se estima que en los próximos 25 años buena parte de la cuenca del Río Combeima presenta cotas máximas de inundación de hasta 6 metros, que en un plazo más largo (50 y 100 años) podrían llegar a 7 y 8 metros. El Rio Chípalo y sus afluentes también tendrían incrementos en las cotas de inundación de hasta 5 metros (estudios base Ciudades Sostenibles, Findeter - IDOM). Ambos ríos recorren la ciudad por varios kilómetros y en sus riberas se han asentado comunidades enteras, a pesar del alto riesgo. Son tantas las construcciones expuestas que los estudios estiman pérdidas probables por inundación de hasta 100 mil millones de pesos. Considérese el riesgo para la vida e integridad de las personas que allí habitan.
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Han pasado más de 12 años desde que se expidió el Conpes 3570 con un montón de estrategias y proyectos para la mitigación del riesgo en la cuenca del Combeima. Muchos se han incumplido y otros se han implementado parcialmente. 

El asunto va más allá de simplemente señalar la falta de responsabilidad y voluntad de las entidades públicas responsables de la implementación. No es tan fácil ni rápido ejecutar costosas obras de mitigación, recuperación de cauces, adquisición de predios cada vez más valorizados, promover la reconversión de uso del suelo y reubicar centenares de familias que viven en zonas de alto riesgo de inundación.

Estamos hablando de décadas de ocupación espontánea por parte de seres humanos que han respondido a algún incentivo: tierras fértiles para agricultura y ganadería, clima agradable, aptitudes para el turismo y la gastronomía, paisajes exuberantes, cercanía con la ciudad, inexistencia de controles, o todos combinados. 

Si bien la vocación del Cañón del Combeima es de conservación y protección, los estímulos que acabo de mencionar han impuesto una realidad distinta. Simples restricciones de papel para tratar de impedir construcciones o desanimar el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios, turísticos o gastronómicos, ciertamente, no van a funcionar. Entonces se debería repensar la estrategia de gestión del riesgo, pasar de la ortodoxia (de tanta norma que no se cumple) a la comprensión de las realidades y complejidades que envuelven ese territorio mediante acuerdos posibles (gobernanza) entre autoridades y comunidades. 

Lo primero es proteger la vida de la gente. Las familias situadas en las riberas del Río en zona rural deben relocalizarse sin ser sacadas del entorno, esto es, seleccionar y adquirir por parte del Municipio terrenos no inundables en la misma zona, adecuarlos con servicios públicos y avanzar en la construcción de viviendas temporales o definitivas en las que incluso podrían trabajar y aportar los mismos beneficiarios.

Reubicadas las personas, habrá que apropiar el espacio de la ronda del Río: convertirla en un extenso parque lineal rural con estaciones de lectura, contemplación y servicios, construidos con elementos naturales; generar tráfico en la zona podría evitar los reasentamientos humanos.

También urge reubicar cientos de viviendas de zonas inundables del área urbana (Baltazar, Combeima, Matallana, Industrial, Yuldaima). Existe un terreno propiedad de Infibague en el barrio Industrial (actualmente opera un Centro Integral Comunitario) que podría ser aprovechado para un proyecto multifamiliar que albergue las familias en riesgo que viven en esos barrios. El Municipio podría aportar el suelo y participar con Gobernación y Ministerio de Vivienda en la construcción. Después de haber protegido la vida, entonces hablamos del resto.

 

CÉSAR PICÓN

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