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En Colombia está ocurriendo algo verdaderamente peligroso: el debate político migró a figuras institucionales del más alto nivel como el Fiscal y la Procuradora, que vienen fungiendo como lideres de la oposición desde sus cargos públicos y retando abierta y constantemente al Presidente desconociendo que se trata de la primera autoridad del país y, lo más grave, se alimenta diariamente por el accionar de los medios de comunicación que hacen parte de los conglomerados económicos más poderosos, que han desatado toda una estrategia para otorgar una incondicional credibilidad a todo el que ataque al gobierno y sus reformas, además que se encargan semanalmente de fabricar cualquier “escándalo”, al precio que sea, en busca de poner al gobierno a la defensiva.
Esa alianza de hecho entre algunos poderes institucionales y el cuarto poder, pareciera perseguir el propósito de desestabilizar al país, sin medir las consecuencias que ello pudiera causar. El objetivo es poner “minas” por todas partes a la espera que empiecen a estallar, para crear ficticiamente el ambiente de caos que les resultaría propicio para frenar la agenda de cambio que impulsa el gobierno.
Mientras que en las elecciones del año pasado el pueblo colombiano decidió darle la oportunidad a un gobierno progresista de emprender reformas que puedan resolver algunos de los problemas más sensibles de nuestra sociedad, la estrategia de las fuerzas paralizantes es lograr deslegitimar al gobierno y ponerlo contra las cuerdas para que nada pueda lograr. No les importa las realidades sociales y económicas, tampoco la estabilidad de la democracia y las instituciones. Esconden las estadísticas esperanzadoras en materia de reducción del desempleo, la disminución de la inflación, las expectativas positivas de crecimiento económico frente a otras economías latinoamericanas, la revaluación del peso colombiano frente al dólar, el cese al fuego con el ELN, el apoyo de la comunidad internacional y los organismos multilaterales a los esfuerzos alrededor de la paz y las reformas que buscan garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos; nada de eso importa, nada les sirve, tiene más importancia que la vicepresidenta vaya a su casa en helicóptero, que un ex embajador haya dicho cosas que el mismo puso en duda por estar borracho o que la credibilidad frente al efecto de las reformas la tenga todo aquel que se opone a ellas y no las cifras y argumentos del gobierno que las presenta.
Así las cosas estamos ante una dictadura informativa que no se pone límites, que se alimenta de los poderes económicos que no quieren que nada cambie, que se siente protegida por el poder judicial de la Fiscalía y que se ríe de la esperanza de cambio de la mayoría de colombianos. ¡Vaya despropósito!
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