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No pretendo desconocer la preocupación latente por los temas de orden público, pero si dejar claro que esos flagelos nunca han desaparecido, y que la exposición mediática podrá servir para los aplausos pero no para enfrentar con efectividad la delincuencia.
En una búsqueda de cifras oficiales que realicé para escribir esta columna, encontré que en la estadística delictiva oficial que publica la Policía Nacional, no se observa que los delitos de alto impacto en este departamento, al menos en la última década, hubiesen desaparecido. En los años 2022 y 2023 se reportaron 315 y 316 casos de extorsión, respectivamente, sin embargo, en el 2014 fueron 296, en el año 2019 fueron 259 casos, y así todos los años. En registros de secuestros, el Tolima viene entre 1 y 3 por año en el último lustro, este año van cero casos. En los últimos 3 años no aparecen hechos catalogados como terrorismo, los últimos registros son de 2021 hacia atrás.
En homicidios, en el año 2020 se presentaron 381 y el año 2023 fueron 373. Los casos de abigeato disminuyeron el año pasado, comparado con el año 2022 y en lo corrido del 2024 van apenas 3 casos reportados.
En lo relacionado con el narcotráfico, todavía contrasta más lo expresado por la gobernadora y lo que dicen las cifras oficiales. El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en septiembre del año pasado y que compara las áreas de cultivo desde el año 2013, muestra que el Tolima no es un departamento con permanencia del cultivo de coca, de hecho, en los mapas que presenta el informe, nuestro departamento sale prácticamente limpio en términos de densidad de cultivos, variación de área sembrada, entre otros. De modo que no hay evidencia que demuestre que el narcotráfico ha “reaparecido” en el Tolima.
Aunque es válido que la mandataria exija al Gobierno trabajo mancomunado para enfrentar situaciones que considere álgidas, no lo es que acuda a declaraciones subjetivas que terminan creando un ambiente de caos que, reitero, según las cifras oficiales, no corresponde a la realidad. Afirmar en medios nacionales que la población del sur del Tolima está confinada, cuando aquí no se percibe eso, al menos en esa magnitud, es temerario.
Nuestra gobernadora ha dicho querer poner de primero la seguridad durante su mandato, entonces podría priorizar en su plan de desarrollo una fuerte inversión social en las regiones con mayor pobreza y por ende más proclives a la violencia y al delito. Si algo nos debió enseñar el proceso con las Farc, es precisamente que la consolidación de la paz en los territorios se logra a partir de generar las condiciones sociales y económicas para que la gente pueda tener una vida digna. Se trata que el Estado llegue con soluciones e inversión, no tanto con armas, y ahí si tiene todo por hacer el gobierno seccional.
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