La reapertura de negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN le apuesta a una paz total y así lo expresaron todos los que intervinieron en el acto de instalación del Comité representativo de los diferentes sectores del país. En sus discursos reafirmaron su voluntad de un cese al fuego. Es el silenciamiento de las armas y por consiguiente la renuncia a todo acto generador de violencia. Es un compromiso asumido mediante consenso y con el cual se asimila un sentimiento generalizado de los colombianos.

Ojalá las elecciones del 29 de octubre le aporten democracia a la región llevando a las Alcaldías, los Concejos, la Asamblea y la Gobernación a quienes tengan los merecimientos para asumir esas responsabilidades púbicas.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras tiene derecho a asumir la posición política que quiera, así contraríe el interés de la mayoría de los colombianos, como lo ha hecho siempre. Él ha estado en el poder y desde allí ha cohonestado las decisiones encaminadas a impedir soluciones para la desigualdad. Por eso prefiere la salud como negocio y no como soporte de la justicia social.

Con investidura de ministra de salud la médica Carolina Corcho fue protagonista de la construcción y defensa de uno los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro, como es el de la salud. Puso su conocimiento, su experiencia, su convicción de la necesidad de darle vigencia a un derecho fundamental en función de tal iniciativa. Pero la oposición tóxica de los aferrados al modelo neoliberal buscaron asfixiarla y marginarla. Finalmente fue reemplazada con la intención de facilitar el trámite de la reforma. Una concesión generosa en la perspectiva de alcanzar el objetivo de garantizarle a los colombianos unos servicios de protección de la vida.

Con más de medio siglo de violencia recurrente, generada por diferentes actores armados, unidos bajo el común denominador del menosprecio por la vida, Colombia es una nación lacerada de víctimas en forma extrema.

Desconcierta, por decir lo menos, la repetición de actos criminales atroces por parte de las llamadas “disidencias de las Farc”.

La semana pasada se realizaron en Cúcuta varios actos que tuvieron como finalidad el estudio de asuntos de la región relevantes en su historia, o reconocidos como posibilidades de interés colectivo.

Para los dogmáticos heliotropos del establecimiento cualquier iniciativa de cambio que busque corregir los desatinos acumulados en el manejo de Colombia, es estigmatizada con el señalamiento de línea roja. Todo les parece que “afecta la institucionalidad” o que es una forma de acabar “con lo que ha funcionado bien”. 

En Colombia el sectarismo partidista ha obrado como determinador de la violencia política. Pero no es un sentimiento ajeno a la defensa de los intereses de quienes tienen el manejo del poder o, en general, del establecimiento. Matar al adversario puede estar relacionado con una causa, no siempre visible, articulada a privilegios que representan activos particulares de alcance económico o social. Todo eso está calculado con anticipación y de su manejo se encargan servidores amaestrados en esos ejercicios de imposición agresiva, en la medida que se requiera y conforme a lo dispuesto.

Los diversos problemas que han afectado a la nación, a partir de su constitución como república o Estado supuestamente con independencia y soberanía, tras haber salido de su condición de colonia del reino de España, no aparecieron de repente. Provienen de vicios consentidos por los gobernantes de turno, los cuales se reprodujeron al vaivén de intereses articulados al poder.
Los desmanes de la conquista, con abusos de autoridad, violencia contra los indígenas y los esclavizados de raza negra, la rapiña para apoderarse del oro y otros recursos naturales, se hicieron constantes en la gestión de quienes estaban investidos de algún mandato.