El problema del acceso a la propiedad de la tierra ha sido reconocido como uno de los principales detonantes del conflicto armado colombiano. Tan así es la situación, que fue el primer punto a tratar en el Acuerdo de Paz.
Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina: la tenencia de la tierra está concentrada en manos de unos pocos. Las cifras son alarmantes, el 81% de la tierra en Colombia se encuentra acaparada en el 1% de las fincas de grandes terratenientes. Y el restante 99% de las fincas, ocupa tan solo el 19% de la tierra.
Los mayores índices de pobreza están en el sector rural. Por eso se necesitan mejores diseños de políticas públicas que procuren mayor distribución de la riqueza, teniendo como insumo fundamental un sistema de información actualizada del territorio, tal como se estableció en los Acuerdos.
Una actualización del catastro rural permitirá el mejoramiento del uso productivo y sostenible de la tierra. Se requiere con urgencia un desarrollo agrario integral que promueva la desconcentración de la propiedad rural improductiva, de la mano del incremento del recaudo efectivo del impuesto predial a favor de los municipios, que traerá mayor inversión social pública a la zona rural.
No estamos frente a impuestos confiscatorios como algunos nos quieren hacer creer. El impuesto predial debe desarrollarse bajo el principio de progresividad, es decir, el que más tiene, más paga. Y si entendemos que la tierra en Colombia la tienen unos pocos, pues son esos pocos los que deben contribuir al desarrollo equitativo de la ruralidad. En los Acuerdos quedó pactada la posibilidad de que los municipios exoneren del pago del predial a los pequeños productores o a la pequeña propiedad.
Quienes se oponen al objetivo fiscal del Catastro Multipropósito, claramente no lo hacen por defender los intereses del campesino, sino únicamente al 1% propietario del 81% de la tierra en el país. Son ellos, los mismos que piensan que “dar subsidios a los ricos no es delito”, mientras estamos en un país donde para el 2018, según cifras del Dane, más de 13 millones de colombianos ganaron menos de $257.000 pesos mensuales.
La paz comienza en el campo, y no puede limitarse únicamente a la dejación de las armas; se requiere una democratización del acceso a la tierra, redistribución equitativa de la riqueza en desarrollo de los principios de bienestar y buen vivir, logros de La Habana.
La construcción de la paz debe buscar la transformación de la ruralidad a través de medidas que promuevan la provisión de bienes y servicios, como la salud, educación, asistencia técnica, infraestructura, saneamiento básico, etc. Para lograrlo, el primer paso es avanzar en la actualización catastral rural para entender con claridad el estado predial del campo, luego, entender que el impuesto predial, a cargo de los municipios, es necesario para promover la inversión social de recursos en el territorio y podría contribuir en alcanzar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
En nada aporta a la construcción de la paz y el desarrollo local, promover discursos populistas sobre la deslegitimación de los impuestos municipales y la autonomía territorial. Posiciones así, encuentran explicación en la memorable frase del maestro Darío Echandía: “Somos un país de cafres”.
danielfsotomejia@gmail.com
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