Lo otro, lo extraño, lo ajeno, se ha considerado muchas veces como una amenaza latente a los intereses de quienes han tenido la posibilidad de tomar las decisiones. Como estrategia, se han valido de la instrumentalización del derecho, incluso, para incorporar elementos normativos basados en conceptos morales del grupo social dominante para excluir o suprimir a otros grupos. Muchas veces se ha tenido la pretensión de fundar la legislación de un Estado sobre la base de la desaprobación moral que las mayorías pudieran hacer frente a determinados temas. Generalmente estas posiciones encuentran apoyo en discursos políticos irracionales y de odio que promueven segregación y la eliminación de lo otro. Ejemplos de esto se pueden encontrar en las legislaciones misóginas, homofóbicas y racistas en todo el mundo, que refuerzan estereotipos machistas y violentos, y encuentran eco hoy nuevamente en líderes mundiales como Trump y Bolsonaro.
El liberalismo político desde John Stuart Mill nos enseñó que el Estado debe basarse en normas de respeto por las personas, es decir, debe otorgarse el mismo valor moral a todos los individuos. Esto exige que el mismo Estado adopte una posición no neutral frente a concepciones que puedan atentar contra la dignidad humana o los derechos fundamentales.
La idea de algunos, de que Colombia avance “hacia el Estado de Opinión” por considerar que está por encima del Estado Social de Derecho, debería tener un rechazo colectivo contundente, en la medida en que entendiéramos que los derechos fundamentales no pueden estar al arbitrio de las masas populares, menos aún, cuando son movidas por odios infundados.
Los enemigos de la paz, quienes han prometido hacer trizas los acuerdos de La Habana, no les basta con promover el retorno de las confrontaciones violentas, sino que suscitan un referendo para revocar la JEP y las demás Cortes, atacando directamente a la institucionalidad del Estado. Son los mismos que desde siempre se han opuesto a la construcción de la paz, con base en argumentos mentirosos de que los acuerdos promovían la ideología de género o se estaba entregando el país a la guerrilla.
Ellos, son los mismos que han olvidado que nuestra Constitución consagró como Derecho Fundamental: el Derecho a la paz (y que no hay nada que vulnere más la dignidad humana que la guerra). Y eso es algo que no puede ser objeto de discusión, menos tratándose de una masa de energúmenos manipulados por discursos emotivos cargados de odios y anhelos de violencia en cuerpo ajeno (¡y si es negro, pobre y campesino mejor!). En estos tiempos electorales, el debate debe fundarse en ideas que promuevan el desarrollo social, ambiental y económico que necesitamos, bajo un visión humana e incluyente. Y, sobre todo, con propuesta de construcción de paz. Como ciudadanos debemos exigir altura en las discusiones, no podemos tolerar seudolíderes que no tengan claridad conceptual sobre cómo desarrollar nuestros territorios y la paz, y por el contrario sigan promoviendo los patrones de la política tradicional dañina que tanto mal le ha hecho a nuestro país.
Es el momento de que asumamos la responsabilidad política que nos exigen estos tiempos. Nunca antes hemos estado como nación, tan cerca de alcanzar la paz. Por nosotros, pero principalmente por las próximas generaciones -tal como pregonó en su columna Jotamario Arbeláez- declarémosle la guerra a la guerra.
danielfsotomejia@gmail.com
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