Veeduría ciudadana: el mejor aliado de la gestión pública

Existen diferentes mecanismos para ejercer seguimiento, uno de ellos es la conformación de una Veeduría ciudadana. Según la Ley 850 de 2003, para ello se requiere elaborar un acta de constitución con el nombre de los integrantes, documentos de identidad, objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y residencia; e inscribirse ante las personerías o las Cámaras de Comercio.

Las veedurías pueden actuar en la gestión pública durante cualquier etapa contractual, así lo recordó la Corte Constitucional en la sentencia C-298 de 2003.

Para apoyar a los veedores en esta función, nuestra legislación cuenta con 11 instrumentos: audiencias públicas; derechos de petición; rendiciones de cuentas, acción de cumplimiento; acciones de grupo; acciones ante el contencioso administrativo; denuncias ante los órganos de control y Fiscalía; acciones de inconstitucionalidad; quejas, peticiones y reclamos; acciones populares; acciones de tutela. 

Especial atención merece el caso de Ibagué, donde la actual Administración municipal tiene la responsabilidad de culminar grandes obras iniciadas en el anterior cuatrienio: escenarios deportivos, acueducto complementario, infraestructura de 26 colegios en Jornada Única, entre otras.

Cabe recordar que la Procuraduría ya ha ordenado al alcalde Andrés Fabián Hurtado reiniciar dos procesos contractuales, debido a presuntos indicios de direccionamiento en los mismos: la licitación de emergencias del Ibal y la construcción del Coliseo Mayor. Otros procesos son investigados por los entes de control, como la entrega de kits nutricionales durante la emergencia del Covid–19, donde los presuntos sobrecostos rondarían los $500 millones.

Teniendo en cuenta este panorama, la invitación es a dejar a un lado la indiferencia social; ejerciendo el derecho a hacer seguimiento a nuestros gobernantes, en beneficio del interés colectivo.