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El aforismo “in dubio pro reo” caro al derecho penal constitucional se ha tenido que defender, en aras de la justicia y de la igualdad en “in dubio pro feo” y la Ciencia Penal contemporánea para mitigar la discriminación ha llegado a defender el concepto de “Culpabilidad por la vulnerabilidad”. Por esto a comienzos de 1.900 la Sociología norteamericana dejó de concentrarse en los monstruos callejeros o “manzanas podridas” de la supuesta sociedad minoritariamente mala, para averiguar por qué los “no feos” racial y socialmente de la también supuesta sociedad mayoritariamente buena, haciendo cosas peores, quedaban en la impunidad. Así se creó la categoría de los delincuentes de “cuello blanco” (Sutherland 1940, Escuela de Chicago), investigando situaciones, instituciones y no sólo a las personas seleccionadas: Sociología y Criminología investigaron por qué aparecían como delincuentes siempre los sectores más bajos de la sociedad, por lo que estudiaron la legislación y las organizaciones financieras y comerciales, concluyendo que la impunidad se debe al oscuro y difícil límite entre lo legal y lo ilegal de sus operaciones y a las “técnicas de neutralización” utilizadas para disimular la maldad.
Sin este giro de la ciencia hoy no estarían consagrados como delitos, o contravenciones administrativas, comportamientos típicos de sectores de estatus social alto que se presentan como santos y que habían gozado de tanta impunidad, como por ejemplo el tráfico de influencias, la corrupción al elector, la celebración indebida de contratos, la publicidad engañosa, etc., que llenan hoy los códigos pero que en muchos países siguen en la impunidad por aquellas “técnicas de neutralización”, tales como manipulación de las víctimas, soborno a testigos, publicación de noticias amarillistas sobre delitos de sangre, creación de estereotipos solo de determinados infractores, etc. (Chapman).
Lo que la ciencia llama “cambio de objeto de estudio” sirvió para salirnos del cuento de “unas pocas manzanas podridas”: gracias a ello hoy conocemos el acoso sexual por el que está condenado el ex director del Fondo Monetario Internacional, la condena al primer ministro italiano Berlusconi por sobornar a un Senador para que cambiara de partido; de lo contrario, no se hubiera condenado (2017) a la Volkswagen alemana por el Departamento de Justicia de los EE.UU. a pagar una multa de 4.300 millones de dólares por manipular las pruebas de emisiones contaminantes de 11 millones de autos; ni la Fiscalía del Tribunal Supremo español, estaría investigando nada menos que a la institución de la Monarquía por sobornos y blanqueo de capitales, o no estaría condenada en nuestro país la ex directora del DAS, etc.
De aquí la pertinencia de la solicitud de la Procuraduría colombiana – a propósito de la violación de una indígena por un grupo de soldados- de verificar qué clases de valores se están impartiendo y practicando allí, o cuál es la enseñanza en Derechos Humanos para que luego sí puedan salir a “defender las instituciones”; en el mismo sentido fue la exigencia de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos ante la “situación particular de riesgo y violencia que experimentan las mujeres y las niñas indígenas… debe ser analizada de acuerdo con el contexto en el que viven, considerando los impactos diferenciados que derivan de esa situación debido a las múltiples formas de discriminación que enfrentan y a la vulnerabilidad de su territorio”.
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