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El caso de Ibagué tiene que ver con lo sucedido al vigilante Juan Carlos Cofles, quien falleció luego de ser arrollado por un automóvil hace tres semanas y cuyo conductor, según testigos, estaba en estado de ebriedad. Con un agravante, parece que a dicho conductor no le fueron practicadas las pruebas establecidas por Ley para identificar el nivel de alicoramiento, a tal punto que hoy el caso está entre bambalinas, obligando a la familia y amigos a realizar un plantón la semana pasada para exigir que se actúe sobre el responsable del accidente.
A nivel nacional el caso sucedió en Santa Marta, en donde seis jóvenes resultaron muertos y otro terminó gravemente herido, luego de ser arrollados por un vehículo cuyo conductor presentaba un alto grado de alicoramiento y que además conducía a alta velocidad, según testigos del hecho. Esta tragedia ha sido repudiada por el pueblo samario, más cuando el responsable es un reconocido comerciante quien con el apoyo de su apoderado ha utilizado estrategias dilatorias para evitar que sea conducido a un sitio intramural mientras se realiza la respectiva investigación y juicio.
Estos hechos validan la afirmación popular que sostiene “que la justicia en Colombia es para los de ruana”. El domingo pasado, El Nuevo Día presentó la opinión de algunos expertos quienes sostenían que existen factores de diversa índole que terminan por favorecer particularmente a determinadas personas. Es así como el profesor Julián Andrés Muñoz profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquía, sostiene que son varios los factores que inciden en la no aplicación de la Ley, como son el capital económico que se traduce en dinero, el capital social que son las relaciones que posee el infractor de la Ley y el capital cultural que se traduce en el acceso al sistema educativo.
Si lo anterior es válido, la pregunta que aparece obligatoriamente es ¿dónde queda el concepto de Justicia que se planteó al inicio de esta columna? Es más, se podría afirmar que quienes tengan los tres o al menos uno de los capitales mencionados por el experto, estarían facultados para infringir la Ley, mientras que los que carezcan de los mismos estarían condenados a sufrir el rigor de esta. Como tal, habría que cambiar el concepto de justicia. ¿Qué opinan ustedes?
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