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El debate sobre las vigencias futuras y su renegociación ha cobrado una relevancia sin precedentes, marcando un punto de inflexión en la manera en que se concibe la gestión de los recursos públicos y la ejecución de proyectos de infraestructura. La propuesta del presidente Petro y su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha generado un amplio espectro de opiniones, críticas y apoyos.
Sin embargo, es fundamental entender la esencia de esta propuesta y por qué, a pesar de las críticas, representa una oportunidad para optimizar el gasto público y promover un desarrollo más equitativo y eficiente en el país.
La iniciativa del gobierno de renegociar las vigencias futuras, lejos de ser una medida arbitraria o caprichosa, responde a una necesidad imperante de revisar y ajustar los compromisos financieros del Estado en función de un criterio de eficiencia y equidad.
La idea central es optimizar el uso de los recursos públicos, garantizando que los proyectos de infraestructura no solo sean viables y necesarios, sino que también contribuyan de manera efectiva al crecimiento económico y a la generación de empleo. El cuestionamiento a las vigencias futuras no es un rechazo a la inversión en infraestructura per se, sino una crítica constructiva a la forma como se han manejado estos compromisos en el pasado.
Lo que se busca es evitar que proyectos interminables, poco claros o de dudosa viabilidad consuman recursos que podrían destinarse a iniciativas con un impacto social y económico más significativo. En este sentido, la propuesta de renegociación busca asegurar que cada peso invertido por el Estado genere el máximo beneficio posible para la sociedad.
Contrario a lo que argumentan algunos críticos, esta medida no busca centralizar el poder ni otorgar facultades excesivas al presidente en materia presupuestaria. Por el contrario, se inscribe dentro de un marco de responsabilidad fiscal y de gestión prudente de los recursos del Estado.
El gobierno defiende la revisión de la reglamentación vigente argumentando que la gestión del presupuesto debe estar en manos de autoridades elegidas democráticamente, para garantizar que las decisiones sobre el uso de los recursos públicos reflejen la voluntad popular y no intereses particulares o de grupos de poder no electos.
La renegociación de las vigencias futuras no implicará la cancelación de proyectos ni la violación de compromisos previamente adquiridos. Lo que se busca es evaluar cada proyecto asegurando su alineación con las prioridades nacionales y su contribución al desarrollo sostenible del país.
Esta es una práctica común en la gestión de proyectos a gran escala y no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para reorientar los esfuerzos y recursos hacia donde más se necesitan. Además, la propuesta del gobierno se enmarca en un contexto global donde la eficiencia en el gasto público y la inversión en infraestructura son claves para la recuperación económica post-pandemia.
En este sentido, la renegociación de las vigencias futuras se presenta como una estrategia para adaptarse a las nuevas realidades económicas y sociales, buscando maximizar el impacto positivo de la inversión pública. La propuesta de renegociación de las vigencias futuras que está haciendo el gobierno es una medida necesaria y oportuna que busca optimizar el gasto público y asegurar que los recursos del Estado se inviertan en proyectos que realmente contribuyan al desarrollo económico y social.
De tal manera que, es un ejercicio de responsabilidad fiscal y una apuesta por un desarrollo más equitativo y sostenible. Por eso considero que se deben apoyar iniciativas que busquen el bienestar colectivo y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, entendiendo que el desarrollo del país requiere de decisiones valientes y visionarias.
Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…”: @LColmenaresR
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