Los ambientalistas polucionadores, los machistas feministas, los puritanos libertinos, los ateos camanduleros y los abstemios borrachos tienen nueva compañía: los conservadores izquierdistas.

El territorio es una posibilidad de vida, progreso y desarrollo; el grado de solidaridad de sus habitantes, la armonización de intereses y responsabilidad con las futuras generaciones, marca en buena parte el presente y el futuro del mismo.

En Ambalema están pasando cosas repudiables. La falta de voluntad y el exceso de corrupción de su dirigencia política están convirtiendo a este municipio del norte del Tolima, protagonista de la economía y la cultura de la región durante siglo XIX, en un hervidero de problemáticas desde el punto de vista social, económico, geográfico, ambiental y cultural.

En Barranquilla, el 13 de octubre de 2013, en las eliminatorias para Brasil, en el partido contra Chile, al final del primer tiempo había un silencio sepulcral en el camerino colombiano. Arturo Vidal y Alexis Sánchez habían anotado tres veces en lo que ya era una goleada de antología. 

Los casi 200 años de guerras contra el opio y las drogas fueron un costoso capricho de un mundo equivocado que tiene que cambiar. Los colombianos, en cambio, tenemos la razón y hacemos lo correcto. Ese pudiera ser el colofón de la propuesta del Gobierno Petro de replantear la política de drogas.

Quienes hemos estado en las filas de la fuerza pública, sabemos lo que se sacrifica y lo que se defiende, tenemos claro que por los ciudadanos colombianos y por la patria se entrega todo, pero por esa misma concepción personal y constitucional, aún es difícil entender cómo en nuestro país no cesan las masacres y la violencia.

Revisando el Conpes 3654 de 2010 y la Ley 1757 del 2015 encuentro que la Rendición de Cuentas es la “obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de dialogo público”. Este proceso esta soportado en la Constitución Política en el marco de la democracia participativa que busca la transparencia de la gestión de la administración pública con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia de las actuaciones de los servidores públicos que lideran instituciones del Estado. 

Michael Stot sostiene en un reciente artículo publicado por el periódico Financial Times de Londres, que el auge del tráfico de cocaína ahora toca a la mayor parte de América Latina. La prueba reina es  la violencia del narcotráfico, que va más allá de México y Colombia. Detrás de la alarmante propagación de delitos violentos originados por el narcotráfico, como el asesinato en Cartagena del jefe antidrogas de Paraguay, el rastro de sangre de 14 cuerpos quemados en Uruguay, los 187 reclusos asesinados en una cárcel en Guayaquil y los 6 cuerpos ajusticiados y embolsados en Bogotá, sobresale el comercio multinacional de la cocaína. Los jefes de los cárteles mexicanos buscan nuevas rutas para llegar a nuevos mercados. En opinión de Jimena Blanco, jefa de investigación política para las Américas en Verisk Maplecroft, “lo que estamos viendo ahora es la culminación de la globalización del tráfico de drogas”. 

Ya se trazan los caminos del gobierno de Petro, y no han  tranquilizado las preocupaciones del 50 % que no votó por él, el nombramiento de algunos de sus ministros fueron paliativos, otros quisieron mostrar antes a su mandatario el camino que nos espera, otros, los que preocupan, la inteligencia en manos de su compañero del M-19, y lo relativo a tierras en quienes han venido tomándola por la fuerza diciendo que les pertenece; pero lo que produjo gran preocupación: la barrida de cerca de 50 Generales pertenecientes a las instituciones armadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores firmó una nota mediante la cual el Gobierno de Colombia se retira de la Declaración del “Consenso de Ginebra”. Consenso este que, sin efectos vinculantes, fue firmado por alrededor de 36 países sosteniendo que los Estados no tienen la obligación internacional de financiar o facilitar los abortos. A raíz de esto, en un edificante diálogo con Gustavo Rico, surgieron unos elementos de discusión que, más allá de los derechos y deberes, abordaron los efectos sociales del “aborto legal”.