Esta semana el presidente Gustavo Petro puso nuevamente sobre la mesa la propuesta sobre el sistema de pensiones. Además de ser populista, existe un gran consenso entre los más reconocidos economistas de ser un descalabro para la economía y para los cotizantes del sistema privado de pensiones.

Más allá de la ambición, propulsor indispensable del liderazgo de un presidente, no habría revelación si se dice que Gustavo Petro es también megalómano. Basta leer su autobiografía, “Una vida, muchas vidas” para constatarlo. La novedad, sin embargo, consiste en que demasiado rápido, sin los circunloquios de un Andrés Manuel López Obrador, Petro se lanzó a insinuar una apretujada agenda de liderazgo regional que puede terminar convertida en el refrán “tiene más grandes los ojos que el estómago”.

Los ambientalistas polucionadores, los machistas feministas, los puritanos libertinos, los ateos camanduleros y los abstemios borrachos tienen nueva compañía: los conservadores izquierdistas.

El territorio es una posibilidad de vida, progreso y desarrollo; el grado de solidaridad de sus habitantes, la armonización de intereses y responsabilidad con las futuras generaciones, marca en buena parte el presente y el futuro del mismo.

En Ambalema están pasando cosas repudiables. La falta de voluntad y el exceso de corrupción de su dirigencia política están convirtiendo a este municipio del norte del Tolima, protagonista de la economía y la cultura de la región durante siglo XIX, en un hervidero de problemáticas desde el punto de vista social, económico, geográfico, ambiental y cultural.

En Barranquilla, el 13 de octubre de 2013, en las eliminatorias para Brasil, en el partido contra Chile, al final del primer tiempo había un silencio sepulcral en el camerino colombiano. Arturo Vidal y Alexis Sánchez habían anotado tres veces en lo que ya era una goleada de antología. 

Los casi 200 años de guerras contra el opio y las drogas fueron un costoso capricho de un mundo equivocado que tiene que cambiar. Los colombianos, en cambio, tenemos la razón y hacemos lo correcto. Ese pudiera ser el colofón de la propuesta del Gobierno Petro de replantear la política de drogas.

Quienes hemos estado en las filas de la fuerza pública, sabemos lo que se sacrifica y lo que se defiende, tenemos claro que por los ciudadanos colombianos y por la patria se entrega todo, pero por esa misma concepción personal y constitucional, aún es difícil entender cómo en nuestro país no cesan las masacres y la violencia.

Revisando el Conpes 3654 de 2010 y la Ley 1757 del 2015 encuentro que la Rendición de Cuentas es la “obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de dialogo público”. Este proceso esta soportado en la Constitución Política en el marco de la democracia participativa que busca la transparencia de la gestión de la administración pública con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia de las actuaciones de los servidores públicos que lideran instituciones del Estado. 

Michael Stot sostiene en un reciente artículo publicado por el periódico Financial Times de Londres, que el auge del tráfico de cocaína ahora toca a la mayor parte de América Latina. La prueba reina es  la violencia del narcotráfico, que va más allá de México y Colombia. Detrás de la alarmante propagación de delitos violentos originados por el narcotráfico, como el asesinato en Cartagena del jefe antidrogas de Paraguay, el rastro de sangre de 14 cuerpos quemados en Uruguay, los 187 reclusos asesinados en una cárcel en Guayaquil y los 6 cuerpos ajusticiados y embolsados en Bogotá, sobresale el comercio multinacional de la cocaína. Los jefes de los cárteles mexicanos buscan nuevas rutas para llegar a nuevos mercados. En opinión de Jimena Blanco, jefa de investigación política para las Américas en Verisk Maplecroft, “lo que estamos viendo ahora es la culminación de la globalización del tráfico de drogas”.