La democracia solo es posible si, además de tomarnos en serio las formas, se combate el clientelismo y la corrupción que el Gobierno pretende instaurar para garantizar su permanencia en el poder.
Probablemente, algunas de las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) no sean novedosas, pero, paradójicamente, en este país sin memoria, siguen siendo reveladoras. Entre desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y masacres, Colombia experimentó la cruenta violencia paramilitar que, en alianza con las oligarquías, causó miles de víctimas.
Esta semana se mantuvo el tono alarmante de las noticias políticas de Colombia; es como si el período presidencial de Petro fuese la resumida pero viva representación de su vida, desde su época en el M-19 hasta la Alcaldía de Bogotá. Nuevamente, pulularon los mensajes acerca de la planificación de un golpe de estado en Colombia, se convocó por televisión al «pueblo» para que respalde el «cambio» y quedaron en evidencia irresponsables presiones al periodismo.
El rompimiento de Gustavo Petro con la coalición que lo llevó al Gobierno ha tenido efectos psicológicos perceptibles en la actitud del presidente. En la entrevista que le concedió a la directora del diario El País de España, Pepa Bueno, su decepcionada voz y su constante tos acompañaron un mensaje de desaliento y algunas declaraciones contradictorias. El presidente, como dice una cosa, dice la otra.
Presidente Gustavo Petro, usted ganó la segunda vuelta de 2022 gracias a la coalición que conformó con algunos partidos tradicionales y movimientos políticos de centro. Parece olvidarlo, pues con el revolcón ministerial de la semana pasada nos conduce a una crisis política sin parangón.
El pasado 20 de marzo, un grupo representativo de alcaldes y gobernadores se manifestaron en favor del orden nacional por el recrudecimiento del conflicto armado interno en Antioquia, Meta, Caquetá, Norte de Santander, Chocó y Cauca.
El pasado viernes, se dio a conocer que el Gobierno declaró oficialmente el reconocimiento político del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las condiciones impuestas para el cese al fuego bilateral.
Para que la democracia colombiana no caiga al abismo, deben combatirse las fallas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró probadas en el caso Integrantes y militantes de la Unión Patriótica versus Colombia. Según explicamos en la columna pasada, el exterminio de ese partido solo fue posible porque —primero— se acribilló a los denominados «enemigos internos» brutal y corporalmente, para —luego— consumar la liquidación mediante la cancelación de la personería jurídica.