Con independencia de lo que ocurra con el proceso de paz –que al momento de escribir estas líneas se encuentra suspendido por causa del secuestro del General Rubén Darío Alzate y sus acompañantes-, cabe exponer algunas reflexiones acerca del mismo y de la manera como se ha venido adelantando.

Quien esto escribe ha expresado desde el comienzo su simpatía por el proceso que se surte en La Habana, toda vez que está convencido de la necesidad de una solución política y pacífica frente al oscuro período de guerra y violencia que ha venido azotando a Colombia durante más de medio siglo. De modo que estas consideraciones deben entenderse formuladas en el marco de ese criterio fundamental que, hoy por hoy, es el único camino razonable para dar por terminado el conflicto armado existente.

Lo primero: este proceso, por voluntad de las partes, se lleva a cabo en medio de la guerra, es decir sin cese al fuego, pero, sin embargo, quizá los colombianos –ilusos que somos- habríamos esperado algunas muestras de paz; algunos hechos que, en razón del proceso en curso, permitieran recuperar una cierta confianza en el futuro de la paz y nos permitieran ir preparando el terreno para la etapa posterior a la firma de los acuerdos y a las posibles reformas institucionales que ellos propicien.

Esas esperanzas han sido frustradas. Negociar en medio del conflicto se ha entendido por las Farc en el sentido de que, muy aparte de las negociaciones y sin perjuicio de ellas, están “autorizadas” para seguir preparando y ejecutando actos de terrorismo, secuestros, reclutamientos de menores (contrariando las reglas del Derecho Internacional Humanitario); ataques contra la población civil (indefensa y ajena al conflicto, y que en tal medida, a la luz del DIH, no debería ser afectada por aquél) ; atentados y homicidios a mansalva y sobre seguro contra los policías (colombianos humildes, integrantes del pueblo al que las Farc dicen defender, y que se han limitado a cumplir los deberes que les incumben), contra la infraestructura energética del país (lo cual no perjudica al Gobierno sino a la comunidad) y hasta contra escuelas (como la que hace unos días rodearon de minas anti-personas)….Todo, sin que tales actos, por aleves y crueles que sean, se vean reflejados en una suspensión o cierre de los diálogos por parte del Gobierno.

Y, por supuesto, la Fuerza Pública también ha venido actuando y, en ejercicio de su legítima función constitucional, ha continuado persiguiendo a la guerrilla, en especial cuando los aludidos acontecimientos han tenido lugar.

Aquí vale la pena recordar -a la luz del Derecho y sin que esto signifique estar en contra del proceso de paz- que mientras la Fuerza Pública actúa al amparo y en defensa de la Constitución, los guerrilleros lo hacen contra la Constitución. Desde luego, los miembros de la Fuerza Pública que traicionan su misión –ejemplo: falsos positivos- deben ser juzgados y condenados según nuestras leyes, pero esa criminal conducta no es la regla general. Ahora bien, el Gobierno ha cometido errores, que ojalá ahora corrija. Así –lo decimos respetuosamente-, estuvo muy mal que se iniciaran y se desarrollaran las conversaciones sin formular una exigencias mínimas, consistentes en el cese de las actividades terroristas en referencia y en la liberación de los secuestrados y de los niños reclutados en poder de las Farc.