El receso en las conversaciones de La Habana es crítico. Sin duda, es sintomático del diferendo que suscitó el delicado tema de las Zonas de Reserva Campesina. Las posiciones irreconciliables entre las partes y la ausencia de mecanismos para dirimir el conflicto –consecuencia de haber elevado a las FARC al mismo nivel del Gobierno, como alta parte contratante– pueden conducir a un punto muerto.

El término usura se utiliza para referirse a los intereses de los préstamos, cuando las tasas de interés se perciben como excesivamente altas. A propósito de la Semana Santa, ha sido la Iglesia Católica a lo largo de su historia, la principal institución que ha censurado el alto cobro de intereses; por ejemplo, San Buenaventura, decía que con el cobro de intereses se vendía el tiempo.

El fallo de la Corte Constitucional, aún pendiente, por las demandas que pesan contra el “Marco Jurídico para la Paz”, tiene la delicada prerrogativa de definir la suerte de las negociaciones en La Habana.

La cirugía extrema que proponen las Farc para las Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) es absurda.

Las propuestas oficiales para adelantar la “gran revolución agraria en el país” sorprenden, pero no por novedosas. Además de no resolver los problemas estructurales del campo, podrían desatar un impacto negativo sobre la frágil economía rural.

Con el apoyo del entonces ex Ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, Gabriel Silva Luján fue nombrado gerente de la Federación Nacional de Cafeteros en 2002. Sucesor de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Defensa en 2009,

Ahora que toma fuerza la iniciativa de llevar a Colombia a la OCDE, debemos admitir que buena parte de los avances que hoy nos reconoce esa Organización, iniciaron en la administración Uribe,

Poco o nada llegó de las mesas de negociación de La Habana al Consejo Gremial. Entre tanto, las FARC con su falso ideario de “paz con justicia social para el campo” son las vedets, mientras las víctimas permanecen en la sombra.

El país está confundido. Negociar con el terrorismo no trae la paz. Distintos sectores de opinión, mal o bienintencionados, piensan que el “mal menor” de negociar la Ley para ponerle fin al conflicto a través de diálogo, es mejor que hacer cumplir los principios de nuestro Estado Derecho.

Sería arbitrario en nuestra condición de víctimas, no desear una paz justa y duradera. Lo que rechazamos es una paz precaria, sin verdad y reparación a víctimas y sin juzgamiento a victimarios. Una paz con olvido e impunidad absoluta.