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Véase lo que ha ocurrido con los términos para resolver sobre las respetuosas peticiones de información o documentos públicos. El de petición es un derecho fundamental que facilita el ejercicio de otro derecho fundamental: el de informar y recibir información veraz e imparcial.
A raíz de la pandemia, y en uso de las facultades del Estado de Emergencia, el presidente Duque dictó el Decreto Legislativo 491 de 2020, que amplió los términos para resolver mientras durara la emergencia sanitaria.
La representante Juanita Goebertus presentó y sacó adelante un proyecto de ley orientado a restablecer los términos, dado el perjuicio que a los derechos de petición e información está causando la mora en resolver, cuando existen mecanismos virtuales y técnicos que el mismo Gobierno ha estimulado y que facilitan la pronta resolución de las peticiones, sin que sea ello impedido por la pandemia.
Pero, aunque el Gobierno quiere la plena reactivación en muchos sectores, incluido el educativo, objetó por inconveniencia el proyecto, y eso implicará que solamente hasta marzo, cuando se reanudan las sesiones ordinarias, el Congreso podrá decidir si acepta o rechaza las objeciones. Ellas, según el Gobierno, obedecieron a que, en su criterio, “la ampliación de términos de los derechos de petición todavía es necesaria para garantizar respuestas de fondo y precisas a la ciudadanía, ya que ante la pandemia aumentó considerablemente la utilización y el tráfico de los canales virtuales.
Para Goebertus, las objeciones van en detrimento de la libertad de prensa, de la capacidad de investigación periodística, de la veeduría ciudadana y del control político. No le falta razón, pues parece que el Ejecutivo quiere normalizar todo, menos la respuesta a las peticiones de información y documentos oficiales.
He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos, Charles de Gaulle. Ministro de Francia entre 1944 y 1946.
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