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El Gobierno presentó al Legislativo un proyecto de reforma a las normas estatutarias vigentes en materia de mecanismos de participación, en el sentido de permitir que en la misma fecha de las elecciones para Congreso se lleve a cabo la votación de un referendo sobre si se aprueban o no los acuerdos de paz a los que se llegue con las Farc en La Habana.

Como estaba previsto desde hace tiempo, el presidente Juan Manuel Santos anuncia que aspirará a la reelección. Quiere permanecer cuatro años más en la Casa de Nariño.

Ya que –en razón de recientes escándalos- se está hablando de nuevo sobre posibles reformas a la administración de justicia –asunto que el Gobierno había dejado en el congelador tras el rotundo fracaso del proyecto que presentara inicialmente-, vale la pena aportar algunas ideas:

A raíz de los más recientes escándalos suscitados en el interior de la administración de justicia, el Gobierno -tras la estruendosa caída del Acto Legislativo correspondiente y después de muchos meses de no haberse acordado de ello- propone nuevamente una reforma constitucional en la materia, esta vez para suprimir el Consejo Superior de la Judicatura.

Que los jueces, fiscales y magistrados suelen dar “palos de ciego”; que la justicia “cojea pero llega”; que puede llegar pero que, “como cojea tanto y llega tan tarde”, pierde su sentido original y se convierte en injusticia.

Nos hemos referido varias veces a la preocupante “cultura” –que en realidad es incultura- de la violencia que hoy, infortunadamente predomina en Colombia.

Divulgar la Constitución, como ella misma dice en su artículo 41, es una obligación del Estado, que éste no ha cumplido en la mayor parte de los casos, y cuando ha querido hacerlo, lo ha hecho en forma incompleta y muchas veces distorsionada.

Cuántas veces habremos escuchado a funcionarios del Ministerio de salud y a voceros de las EPS sostener que la acción de tutela para servicios de salud se intenta en la mayor parte de los casos para tratamientos e intervenciones cosméticas o para el suministro de medicamentos ajenos al Plan Obligatorio de Salud.