Que los jueces, fiscales y magistrados suelen dar “palos de ciego”; que la justicia “cojea pero llega”; que puede llegar pero que, “como cojea tanto y llega tan tarde”, pierde su sentido original y se convierte en injusticia.

Nos hemos referido varias veces a la preocupante “cultura” –que en realidad es incultura- de la violencia que hoy, infortunadamente predomina en Colombia.

Divulgar la Constitución, como ella misma dice en su artículo 41, es una obligación del Estado, que éste no ha cumplido en la mayor parte de los casos, y cuando ha querido hacerlo, lo ha hecho en forma incompleta y muchas veces distorsionada.

Cuántas veces habremos escuchado a funcionarios del Ministerio de salud y a voceros de las EPS sostener que la acción de tutela para servicios de salud se intenta en la mayor parte de los casos para tratamientos e intervenciones cosméticas o para el suministro de medicamentos ajenos al Plan Obligatorio de Salud.

A propósito de la sentencia dictada por la Corte Constitucional sobre algunas normas del Acto Legislativo 1 de 2012 (“Marco jurídico para la paz”), esa Corporación, lejos de respaldar una opción de impunidad para quienes se desmovilicen, estableció contundentes condicionamientos que pueden hacer muy difíciles los diálogos que se adelantan con las Farc y los que principian ahora con el ELN.

La ambivalencia es definida por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como “estado de ánimo, transitorio o permanente, en el que coexisten dos emociones o sentimientos opuestos; como el amor y el odio”.

“Colombia ha avanzado lo suficiente para decir que no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas”.

Se demoró once años el Contencioso Administrativo para decidir, como lo acaba de hacer el Consejo de Estado, que la Unión Patriótica no ha debido perder su personería jurídica.

Aunque todo el mundo sabe que la crisis del sistema de salud ha tocado fondo y que, para muchas personas, la única vía útil con el objeto de lograr alguna protección efectiva ha sido la acción de tutela, existen sectores y funcionarios -inclusive del Ministerio de Salud y “Protección Social”- enemigos del instrumento constitucional.

Está visto que la consagración de la reelección presidencial para el período inmediato (Acto Legislativo número 2 de 2004), a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional –que en ese momento sacrificó su independencia-, ha causado un enorme daño al ordenamiento jurídico colombiano.