Un acuerdo que nos alegra

El glifosato que nos impone Estados Unidos para erradicar lo que llama cultivos ilícitos, y que la obediente Colombia utiliza para fumigar las parcelas de los campesinos, ha perturbado siempre las relaciones diplomáticas con Ecuador, nuestro país hermano.

Recordemos que Quito, en 2006, llamó en consulta a su embajador en Bogotá para manifestar su contrariedad ante los negativos impactos que hasta ellos llegaban de las tales fumigaciones y que, en 2008, el mismo Gobierno se vio obligado a presentar demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dados los oídos sordos de nuestro Gobierno a sus reclamos.

Hoy parece que se ha llegado a un punto de acuerdo en tan amargas relaciones al aceptar el Gobierno de Santos que sí ha causado perjuicios a la población ecuatoriana que reside cerca de la frontera con nuestro país y comprometerse a pagar una reparación económica por 15 millones de dólares.

Pero nos queda una inquietud: si se indemniza a la población ecuatoriana por el glifosato que ha sido conducido a su tierra por los vientos, ¿no debería serlo, con mayor razón y en mejor cuantía, la que lo ha recibido por aplicación directa y en mayor cantidad y, por consiguiente, con más negativo impacto sobre sus cultivos, sus fuentes hídricas y la salud de los moradores presentes y futuros?

Y que no se entienda que el acuerdo no nos alegre, pues todos deseamos que sigan mejorando las relaciones internacionales de nuestro país, especialmente con nuestros vecinos más próximos. Lo que sí lamentamos es que ese no haya sido el propósito expreso de nuestro Gobierno, que simplemente quiso adelantársele con él a la CIJ de La Haya, de la que intuyó que podría salir con un fallo adverso a sus intereses, con indiscutibles repercusiones políticas que le harían engavetar su reiterada negativa a suspender en todo el territorio nacional la fumigación aérea con el mencionado tóxico y lo obligaría a pagar las indemnizaciones que nuestros campesinos merecen y reclaman.

Podríamos pensar, entonces, que el acuerdo constituyó una jugada maestra de nuestro Gobierno. Sin embargo, no fue tan maestra si tenemos en cuenta que en este momento discute un pliego petitorio con el movimiento campesino en paro, que demanda una “política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así como el fin de las fumigaciones”. De seguro que los campesinos, en la discusión de ese punto, sabrán capitalizar favorablemente tal inoportunidad, pues no se ve bien que a ellos se les niegue lo que a otros se les reconoce. Eso sí que debe alegrarnos.

Credito
RODRIGO LÓPEZ OVIEDO

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