Con los proyectos de ley que presentó el ministro Juan Carlos Pinzón, el Gobierno nacional dio un paso más a la derecha. De convertirse en leyes de la República, estas iniciativas le darían nuevo impulso a lo que el Fiscal General ha denominado “terrorismo punitivo”, con el cual se busca hacer creer que con endurecer penas y convertir algunas conductas en hechos punibles se está dando solución a problemas que solo pueden encontrarla en profundas transformaciones sociales.

Con respecto a las penas, el Ministro pretende convencernos de que el problema está en su falta de severidad, cuando de todos es conocida la carencia de mecanismos suficientemente eficientes para que puedan allegarse a los expedientes las pruebas de los respectivos delitos, amén de la ineficacia para aprehender a los culpables. 

Esto ha degenerado en falsos positivos judiciales y el atiborramiento de las cárceles con inocentes, y por eso el camino que se pretende adoptar no incidirá en lo más mínimo en los resultados que se logren en la lucha contra la extorsión, el microtráfico y el contrabando, aunque muy probablemente haga encarecer los costos de las delaciones, tan populares en los últimos gobiernos. 

Con respecto a lo que el Ministro denomina “minería criminal”, es claro que no se refiere a la que utiliza cianuro y mercurio en la explotación, ni a la que se realiza en zonas de reserva forestal, páramos y parques naturales, estas sí explotaciones verdaderamente criminales, sino a la que realizan de manera artesanal los colombianos más marginados. 

Ni siquiera esta modesta competencia es bien vista por las transnacionales de la minería y por ello es combatida por todos los medios, incluso con la anuencia, cuando no con el respaldo directo, de funcionarios como el Ministro de marras, que deberían estar del lado de la soberanía nacional.

Y como no hay daño completo, el Ministro quiso complementar el suyo con medidas que penalizan la protesta social. Cuando organismos internacionales, como la ONU, elevan a la condición de derecho inalienable de los pueblos su movilización en procura de las más sentidas satisfacciones, movilización que puede adquirir connotaciones de resistencia contra la opresión y en medio de la cual se puede recurrir incluso a la acción pacífica directa, esta intensión normativa constituye una salida en falso que, si se aprueba, seguirá sembrando en todo el mundo la idea de que somos un país inviable. 

Y a todas estas, ¿qué opinará Gómez Méndez?Lástima que las manifestaciones democráticas que se oyen en el Congreso sean tan débiles. Ojalá que lo entendamos en la presente coyuntura electoral para que el próximo Congreso pueda recomponer nuestra maltrecha esperanza.