Este fin de semana escuché voces de complacencia ante el descubrimiento de que a la cabeza de “La Línea”, una organización criminal dedicada a traficar en Guatemala con evasiones de impuestos aduaneros, se encontraban funcionarios estatales del más alto nivel, entre ellos el propio presidente Otto Pérez Molina.
Tal complacencia parecía obedecer a que el Presidente había sido privado de la libertad y sometido a juicio, al igual que lo habían sido ya otros funcionarios.
Sin embargo, auscultando un poco más a fondo, ese sentimiento reflejaba más bien un poco de envidia al ver que en Colombia no hay autoridad que se atreva a pronunciarse ante personajes que aprovechan el poder, no solo para aumentar sus chequeras, sino para perpetrar también crímenes mayores bajo la total impunidad.
Ciertamente, la de Guatemala es una solución ejemplarizante, pero insuficiente. Si bien castiga a Pérez Molina, este castigo, ocurrido a solo tres días de que las urnas le eligieran sucesor, producirá un efecto institucional exageradamente precario en el tiempo y afectará poco a los compinches en la sombra de este General caído en desgracia, además de que no representará ningún avance para las fuerzas populares, que vienen insistiendo en respuestas efectivas a la corrupción, pero también a otros problemas de mayor peso, como son los generados por la falta de una auténtica soberanía y su consecuencia principal, un modelo neoliberal que pone a Guatemala de rodillas ante el capital extranjero.
De allí que en las movilizaciones que se hicieron tan frecuentes en los meses que antecedieron a la caída de Pérez Molina, las primeras consignas que se escuchaban eran de exigencia a la embajada norteamericana para que respetara la soberanía guatemalteca, además de un cúmulo de demandas relacionadas con el saneamiento de las instituciones públicas, la desmilitarización del Estado, el cese de la represión, un modelo económico que esté del lado de las mayorías y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que impulse la construcción de un Estado social, plurinacional, democrático, participativo y respetuoso de la naturaleza.
Se trata de consignas que tienen vigencia casi que continentalmente, y que hablan claro de la vigencia de un llamado del Libertador, especialmente importante ahora que conmemoramos doscientos años de su Carta de Jamaica: la integración latinoamericana.
Integración que debe partir de la solidaridad internacionalista en procura de soluciones como las mencionadas, que son bien contrarias a las deseadas por el embajador norteamericano, quien desde meses atrás venía insistiendo en una “salida controlada a la crisis”, de la cual no resultara ningún sobresalto a los intereses imperiales.
Ese sobresalto es el que necesitamos generar en todos los países al sur del Río Bravo.
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