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En ese orden de ideas, la seguridad ciudadana, -parte integral del concepto de “orden público”-, debe garantizar el libre ejercicio de los derechos individuales y la ausencia de impedimento, para que la totalidad del grupo social disfrute de los suyos ilimitemente.
Muy al contrario de lo que predican los medios afectos al Gobierno actual y los petristas a ultranza, frente a lo que está ocurriendo en nuestro país, pues somos muchos los que creemos que la seguridad ciudadana en Colombia, si bien venía de tiempo atrás arrastrando un acentuado estado de crisis, con la entrada del “gobierno del cambio”, éste se incrementó en tanto en cuanto las precarias acciones aisladas de contención de la violencia aupadas por una erronea política de “paz total”, de poca utilidad han servido para asegurar el imperio del orden y la civilidad y el normal discurrir de nuestras instituciones, ya que estas acciones como todas que en la vida se realizan deben estar orientadas hacia un “telos” o una finalidad, y cumplir con un propósito predeterminado, que en el caso de un gobierno debe ser el afianzamiento de los valores democráticos y la funcionalidad institucional del país.
No la visión simplista y reducida de darle un poco de tranquilidad al campo para que unos pocos finqueros y viajantes puedan transitar por algunas escasas vías con relativa seguridad y punto, así la corrupción, la incapacidad y la inercia se adueñen del presupuesto de ministerios e institutos, con reducida ejecución por parte de los funcionarios del Estado; la violencia se apropie de media Colombia; se afecten el progreso y el bienestar ciudadano, y los familiares del gobernante prosperen torticeramente proyectándole al grupo social el nocivo ejemplo de un fácil enriquecimiento, sin talanqueras ni límites éticos, y los usos políticos y la voluntad democrática se tuerzan y perviertan con dádivas, prebendas y canonjías mediante la feria de las ofertas burocráticas a cambio de apoyo político.
Olvidando que en el pasado siglo otro gobierno que se decía de izquierda, el de López Pumarejo, se cayó arrastrando consigo al partido liberal, por el comportamiento análogo del “hijo del ejecutivo”, Alfonsito López Michelsen, de ingrata recordación en el presente, como lo rememorara nuestro paisano y exprocurador, Alfonso Gómez Méndez en reciente artículo del diario El Tiempo.
Claro que entonces, definitivamente eran otros tiempos en los que los valores valían socialmente; no se habían entronizado el imperio del enriquecimiento fácil del narcotráfico, el contrabando y el abuso de la política en provecho propio.
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