Uno de los principales problemas de Colombia (si no el más grave y profundo) es la corrupción, es un cáncer terrible que carcome al conjunto social, de arriba a abajo y a lo largo y ancho. 

No hay ámbito que escape a esta epidemia. El sector público, el sector privado, los ricos, los pobres, los blancos, los mestizos, los negros, los indígenas, los creyentes, los no creyentes, la izquierda, el centro, la derecha, en fin… Duele decirlo, pero creo que en este terreno no hay por quién rezar.  

Cómo y por qué llegamos a este estado es difícil saberlo. Seguramente hay cientos de hipótesis. El asunto no es nuevo, ciertamente, pero para no internarnos en la noche de los tiempos republicanos - los días de Bolívar y Santander - creo que el campanazo mayor se remonta a los años ochenta cuando el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, le informó al país que se habían robado a Caldas. 

En efecto, una asociación para delinquir que operaba dentro de los partidos liberal y conservador se repartió buena parte de la riqueza de ese departamento.

Recuerdo mucho que Jiménez, uno de los más importantes procuradores que hemos tenido, utilizó un verbo que yo no conocía, dijo que la sociedad caldense había periclitado frente a la corrupción. Hubo por supuesto un escándalo mediático, pero no pasó nada.

Después de este episodio lo que hemos visto es un robo continuado de todo el país. El caso más reciente ha sido Bogotá, en donde se demostró que no había límite moral y que la sed de riqueza fácil carecía de color político. Y como se sospecha y sabe, del tristemente célebre carrusel de la contratación aún no conocemos la verdad completa. 

Lo único cierto es que se robaron a Bogotá y que todos estamos pagando las consecuencias. La malla vial es una vergüenza pública, como lo son los problemas de movilidad (es una ciudad sin vías) y los de salud. Pero el asunto no es sólo Bogotá, si funcionaran los organismos de control y de justicia rodarían muchas cabezas en materia de concesiones viales otorgadas por las administraciones nacionales, especialmente durante Uribe, pagamos unos peajes exorbitantes por unas vías totalmente indecentes. 

La de Bogotá – Girardot o la de Bogotá – Honda, ambas en el olvidado y alejado centro de Colombia, son monumentos a la corrupción, al abandono y la desidia. ¿A dónde van a parar los cientos de millones de pesos que recaudan en estas vías? Son lo más parecido a un atraco.

Pero la mansedumbre de los colombianos es infinita. Lo aguantamos todo. Recientemente, hemos sabido del turismo de los magistrados de las altas cortes, una situación que ha terminado por encarnar la honorable magistrada y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luz Marina Díaz, famosa no por sus sentencias sino por el estrés crónico que sufre y que la obliga a pedir licencias remuneradas para tomar cruceros.  

La mujer del César no sólo tiene que serlo sino parecerlo, reza un antiguo proverbio. Pues la verdad verdadera, es que salvo una que otra excepción, los magistrados actuales infunden poco respeto y consideración, en razón de sus comportamientos y ética. 

La cantidad de licencias remuneradas muestra la indolencia y la falta de decoro de quienes deberían ser paradigmas de virtud. La justicia es la fuente de la convivencia y una de las razones de ser del sistema. Si los encargados de aplicarla carecen de respeto y de la más elemental noción de pudor ¿qué podemos esperar los colombianos? 

Y surge otra pregunta: ¿Por qué el silencio del flamante Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en este caso? ¿Tendrá que ver con que fue ternado precisamente por la Honorable Corte Suprema de Justicia? Los colombianos merecemos una respuesta.